Santander, 1 feb (EFE).- La Consejería de Empleo y Políticas Sociales y representantes del sector de la dependencia y discapacidad de Cantabria han acordado promover una iniciativa parlamentaria para favorecer una mejora salarial de los trabajadores.

Se trata de "garantizar por ley" que las actualizaciones salariales que provengan de la negociación colectiva tengan su repercusión en el precio de las plazas concertadas que abona la administración pública.

Tras una reunión con representantes de las Federaciones de Mayores, FED y LARES; las entidades de Discapacidad, CERMI y Plena Inclusión, así como los agentes sociales CEOE-Cepyme, UGT y CCOO, la consejera de Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha explicado en rueda de prensa que la idea es que los precios públicos de concertación "no sean un freno a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadoras".

Para ello, se trasladará la propuesta a los grupos parlamentarios con el objetivo de introducir una modificación en la Ley de Derechos y Servicios Sociales que lo haga posible.

"Unas condiciones de trabajo dignas, con mejores salarios, son imprescindibles si queremos profesionalizar el sector de la dependencia, retener el talento y contar con una atención de calidad, centrada en la persona, como la que defendemos desde Cantabria", ha sostenido Álvarez

En este contexto, se busca "estimular" un "acuerdo social" entre patronal y sindicatos garantizando un incremento de los precios públicos.

Desde la Consejería se respalda "al mil por mil" la "preocupación compartida" por patronal y sindicatos del sector de la Dependencia de que hay que mejorar los salarios de los profesionales, que en Cantabria son entorno a los 5.000 empleados.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del sector, surge de las inquietudes que las diferentes entidades prestadoras de los servicios de atención a las personas dependientes o con discapacidad, así como los representantes de los trabajadores, llevan trasladando a la Consejería desde finales de 2021.

La consejera también ha estado acompañada por la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), María Antonia Mora, y por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto. EFE

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