Madrid, 22 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que antes de fin de año presentará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de reforma de la cooperación española, una reforma que será “necesaria y ambiciosa”.

En su comparecencia ante la comisión de Cooperación del Congreso, Albares ha explicado que la reforma propuesta “afecta a los pilares institucionales, con una nueva gobernanza y arquitectura”, así como a los pilares normativos, con una nueva ley de cooperación y su desarrollo reglamentario.

Además modulará los “pilares presupuestarios y de recursos” ya que incluye el mandato de alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta en 2030 y en adelante, como también renueva las prioridades y los objetivos, con la elaboración de un nuevo Plan Director 2022-2025.

La nueva ley, cuyo proyecto que ha sido elaborado teniendo en cuenta las aportaciones tanto de la subcomisión como de la comunidad de cooperación, establece como “objetivos trasversales que al menos el 85% de las acciones de la cooperación española deberán contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad, al menos el 30% a enfrentar el cambio climático y otros objetivos medioambientales, y al menos el 85% a promover la igualdad de género".

Estos objetivos temáticos estarán acompañados de áreas geográficas prioritarias, entre las que por primera ve se incluye la zona del Sahel “dada su fragilidad institucional y el impacto directo que su evolución tiene en nuestra seguridad”, ha explicado.

La ley también reformará la regulación y los instrumentos de la cooperación financiera, bajo los principios de diligencia debida o la orientación a resultados de desarrollo.

Así, también se reformará el principal instrumento de cooperación financiera, el actual FONPRODE “para hacerlo más ágil y eficaz y mejorar su impacto”.

Desde el punto de vista institucional, reforzará el papel de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) y la dotará de un nuevo estatuto para reforzar sus capacidades de programación, coordinación y diseño de políticas.

En particular, ha dicho Albares, se reforzarán las funciones de la Agencia como “coordinador operativo del sistema y tejedor de alianzas sobre el terreno con otros actores”, como las ONGD o la cooperación descentralizada.

También está prevista la aprobación de un nuevo estatuto del cooperante que refuerce sus capacidades y asegure la capacidad de “atracción, retención, capacitación, especialización y promoción de los recursos humanos”.

Para reforzar la gobernanza de la cooperación, la ley establece también la creación de un Consejo Superior de la Cooperación para el Desarrollo y una comisión Interministerial de Coordinación entre los distintos departamentos con competencias. Asímismo está prevista la creación de una nueva Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas.

Finalmente, siguiendo las recomendaciones realizadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, la ley introducirá un nuevo sistema de evaluación de impacto y resultados, a través de una Oficina de Evaluación sujeta a una regulación específica que asegurará su autonomía. EFE

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