Barcelona, 22 feb (EFE).- El conseller catalán de Economía, Jaume Giró, ha acusado al Gobierno central de no haber querido incluir acuerdos sobre inversiones y financiación en la última reunión de la comisión bilateral, lo que evidencia que "no tiene intención de corregir el desequilibrio financiero estructural de Cataluña".

En una intervención en el pleno del Parlament, Giró ha desvelado esa "interioridad" de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada el pasado viernes en Barcelona, de la que él formó parte como miembro de la delegación catalana.

Una reunión que sirvió para avanzar en preacuerdos para un futuro traspaso a Cataluña del Ingreso Mínimo Vital, becas para estudiantes o recuperación de infraestructuras como el observatorio del Turó de l'Home, el canal Xerta-La Sènia o la autovía B-23; unos avances "tímidos" y "pobres" para la Generalitat, pero "históricos" a juicio de la Moncloa.

Esta tarde, en una interpelación parlamentaria, el diputado de los comunes Joan Carles Gallego ha instado a la Generalitat a no dejar de hacer "dejadez de funciones" en el debate de la financiación autonómica y, por ello, ha emplazado a que esta cuestión forme parte de la mesa de diálogo con el Gobierno, así como que Cataluña lidere una nueva propuesta en el Estado.

Un emplazamiento ante el que Giró (JxCat) ha respondido revelando que hace medio año reclamó que en el orden del día de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de este febrero se incluyeran tres puntos relativos a inversiones y financiación en distintas áreas, pero fue el Gobierno quien "no quiso".

Esos puntos propuestos, según Giró, era relativos a abordar una nueva financiación de los Mossos d'Esquadra para cubrir el coste del incremento de efectivos; la equiparación de la edad de jubilación de los agentes rurales de Cataluña con los Mossos, "igual que lo tienen desde hace muchos años los agentes rurales de la Guardia Civil en todo el Estado".

Y, en tercer lugar, reclamó cerrar un acuerdo sobre la inversión pendiente del Estado entre 2009 y 2013, en virtud de la Disposición Adicional Tercera del Estatut, que ha cifrado en unos 2.900 millones de euros.

"En política, las formas son importantes. Y el Gobierno no quiso tratarlos en el orden del día y me obligó a tratarlos en el turno de ruegos y preguntas, sin ningún compromiso por parte del otro lado", ha lamentado.

EFE

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