Pedro Lizarán

Murcia, 3 feb (EFE).- El asalto al edificio municipal donde se iba a celebrar el pleno del ayuntamiento de Lorca el pasado lunes es el último de los episodios violentos que han sufrido las instituciones de la Región de Murcia durante la democracia, con ataques a inmuebles públicos y hasta el secuestro de diputados.

En un momento en el que resuenan las voces que alertan de la polarización, la radicalización y la desinformación como causas de los asaltos a instituciones, con el máximo ejemplo en el Congreso de Estados Unidos en enero de 2021, un repaso a la historia reciente de la comunidad murciana trae a la memoria acciones similares.

En el día en el que se cumple el trigésimo aniversario de la quema de la Asamblea Regional durante las protestas y huelgas enmarcadas en los cierres y reconversiones de industrias con sede en la comarca de Cartagena, como Bazán, Peñarroya y Fertilizantes Españoles, hay que recordar que el parlamento autonómico fue uno de los objetivos habituales de estas acciones.

Así, entre los años 1990 y 1992, los más duros de la reconversión industrial en la comunidad, el parlamento con sede en Cartagena vivió situaciones como la ocurrida en noviembre de 1991, cuando cientos de mineros de Portmán Golf, empresa que compró explotaciones mineras a la multinacional francesa Peñarroya, rodearon los accesos al edificio y secuestraron durante siete horas a los diputados al impedir que pudieran salir del inmueble.

Los manifestantes se negaron a deponer su actitud hasta que el presidente de la comunidad, Carlos Collado, no firmara un papel en el que se comprometiera a mediar con la empresa para conseguir una mayor indemnización de despido, como finalmente ocurrió en una reunión del jefe del ejecutivo con representantes de los trabajadores.

No solo la Asamblea Regional vivió el 3 de febrero de 1992 acciones violentas, como la quema de una parte del edificio, sino que ese mismo día una veintena de esposas de los trabajadores de Bazán irrumpieron en la antesala del despacho del alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, para exigir la presencia del regidor en el lugar donde se estaban enfrentando los manifestantes con la Policía Nacional con el fin de detener la acción policial.

Las mujeres revolvieron las mesas de los despachos de Alcaldía, causaron desperfectos en el mobiliario y forcejearon con tres agentes de policía que custodiaban el despacho, recibiendo uno de ellos una patada de una de las mujeres, que se encontraba embarazada.

Previamente, centenares de trabajadores de la empresa Ercros llegaron a irrumpir en la Asamblea Regional en mayo de 1990 tras rebasar el cordón policial colocado en la puerta, viviéndose momentos de tensión antes de que el presidente del parlamento, Miguel Navarro, hablara con ellos.

Navarro accedió a que los manifestantes pudieran asistir al pleno del parlamento autonómico, que se iba a celebrar en esa jornada.

Estas acciones resultan contrarias a lo estipulado en el Reglamento de la Cámara y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en el que se prohíbe que el diputado sea coaccionado o reciba presiones durante la celebración de una sesión plenaria o en el ejercicio de su actividad como parlamentario.

Todos estos incidentes han resucitado estos días por el asalto al pleno municipal de Lorca y el trigésimo aniversario de la Asamblea Regional, sobre el que pivota uno de los documentales más laureados durante 2021, titulado "El año del descubrimiento".

La derogación del Trasvase del Ebro en 2004 también generó numerosas manifestaciones en la comunidad murciana, alguna de las cuales desembocó en acciones violentas, como el 18 de junio de ese año cuando una protesta contra esta decisión del Gobierno central concluyó con incidentes en el interior de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Así, tras unos altercados producidos ante la Delegación del Gobierno, más de un centenar de manifestantes se trasladaron hasta la sede de la CHS con la pretensión de ser recibidos por el presidente del organismo de cuenca, José Salvador Fuentes Zorita.

Sin embargo, un grupo de manifestantes, en su mayoría jóvenes, causaron daños a una puerta y diverso material, arrojaron sal marina al interior del edificio y entraron por la fuerza sin atender las indicaciones del personal de seguridad, llegando hasta la puerta del despacho de Fuentes Zorita, al que insultaron e increparon. EFE

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