Madrid, 1 feb (EFE).- El Gobierno quiere que las residencias tengan al menos un 65 % de habitaciones individuales y que los nuevos centros que se construyan sean de menos de 90 plazas y estén divididos en unidades de convivencia, en las que los residentes puedan disponer de una pequeña cocina, comedor y sala de estar.

Son algunas de las propuestas que la Secretaria de Estado de Derechos Sociales plantea en un borrador de trabajo que ha compartido con sindicatos y patronal para su negociación en la mesa del diálogo social, con el objetivo de acordar criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El Gobierno negocia también con las comunidades autónomas, que tienen la competencia sobre los centros y los servicios del sistema de la dependencia, estos requisitos mínimos que deben cumplir en todo el país, así como un nuevo modelo del sistema de los cuidados, que pretende tener listo para su aprobación en un Consejo Territorial antes de finales de marzo.

En este nuevo modelo, el Gobierno diseña centros ubicados en suelo urbano y que garanticen a las personas usuarias el acceso y la proximidad a espacios de actividad social y comunitaria favoreciendo su participación.

Respecto a los centros cuya construcción se inicie tras la transposición normativa no podrán superar las 90 plazas residenciales -en una anterior documento se planteó 50 el límite- y en el caso de los previamente acreditados, o en proceso de acreditación, deberán presentar un plan de adecuación para sectorizar el centro en unidades independientes entre si, de forma que cada una de ellas no supere ese número de plazas.

Además deberán disponer de, al menos, un 65 % de habitaciones individuales y los previamente acreditados o en proceso al menos un 35 % de habitaciones de un solo residente.

El nuevo modelo incluye que las personas residentes gocen simultáneamente de espacios que preserven debidamente su intimidad y espacios de convivencia que deben ser configurados como unidades de convivencia estables, compartidas con otras personas del centro, pero debiéndose diferenciar de otras unidades de convivencia del mismo centro.

Estas unidades -que en ningún caso podrá superar las 15 personas- estarán compuestas por un espacio común que incluye cocina, comedor y sala de estar y preferentemente, dispondrán de acceso a un área exterior, tipo terraza o jardín.

Sobre las sujeciones a los residentes, establece que serán de carácter excepcional y temporal, se aplicarán con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, y siempre que se haya constatado el fracaso de otras medidas alternativas.

Además, deberán contar con un protocolo específico para aquellos casos de extraordinaria y urgente necesidad en los que exista un peligro inminente que ponga en riesgo la seguridad física de la persona usuaria, cuidadores o terceras personas; ese procedimiento tendrá que contar con prescripción y supervisión facultativa, consentimiento informado y valoración de necesidad de comunicación al Fiscal.

Los principios rectores del nuevo modelo de atención son dignidad y respeto a las personas en todos los ámbitos de su vida y a lo largo de todo el ciclo vital, atención centrada en la persona y participación, control y elección de lo que sucede en su propia vida.

Las administraciones competentes deberán garantizar al menos que haya un inspector por cada 30 centros de atención residencial de los acreditados en su ámbito, que alcancen también los centros de día u otros servicios sociales.

El borrador también establece nuevos requisitos de titulación de los trabajadores y propone prorrogar, para garantizar la estabilidad en el empleo, hasta el 31 de diciembre de 2022 y el acuerdo de habilitar provisionalmente a aquellas personas que sin haber alcanzado los requisitos se comprometan a participar en los procesos de acreditación de la experiencia laboral y a realizar formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional.

Pone límites a la temporalidad y parcialidad en las contrataciones, como la de garantizar que un 75 % de contratos indefinidos sobre el total de contratos, salvo causa justificada y acreditada por falta de oferta de personal.

Fuentes de la patronal han explicado a Efe, que el espíritu y los objetivos del nuevo modelo de cuidados con mejores ratios y salarios puede ser compartido por todos, pero han reclamado al Gobierno que cuantifique su coste, porque consideran que supondrá "un encarecimiento brutal" de los servicios y dudan de que pueda ser sumido por todas las comunidades autónomas.

Las reuniones de la mesa del diálogo social siguen la próxima semana para analizar la propuesta en debates por grupos de trabajo por separado que abordarán residencias, servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio y el próximo 14 de febrero está previsto otro encuentro para revisar el documento de manera conjunta y su coste económico. EFE

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