Jerusalén, 27 dic (EFE).- Las seis ONG palestinas declaradas "terroristas" hace dos meses por Israel exigieron hoy, una vez más, que se muestren las evidencias que prueban esa acusación.

"Las organizaciones no han recibido ninguno de los materiales probatorios con los que las autoridades israelíes pretenden justificar esta draconiana y radical medida", indicó en un comunicado Adalah, Centro Legal por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, que integra el equipo legal que asesora a las seis organizaciones palestinas.

El equipo legal que representa a estas seis organizaciones envió la semana pasada una carta a las autoridades israelíes exigiendo que revelen las pruebas que avalan su designación como entidades terroristas, sin que por el momento hayan recibido respuesta.

"No hay justicia, equidad ni debido proceso para las organizaciones, sin acceso a estos materiales en su totalidad para poder defenderse", señaló Adalah.

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, designó como terroristas a finales de octubre a seis importantes organizaciones palestinas defensoras de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, a pesar de que son todas ellas socias de organizaciones internacionales y reciben fondos de la UE y de la ONU para desarrollar su labor, lo que las somete a estrictas auditorías.

Las organizaciones son Al Haq, el Centro Bisan, Addameer (Asociación de Derechos Humanos y de Apoyo a los Prisioneros), la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Organización de Defensa de la Infancia

Gantz se apoyó en la polémica ley antiterrorista de 2016 y las vincula al Frente Popular de Liberación para Palestina (FPLP), considerado terrorista no sólo por Israel, sino también por EEUU y la UE.

En noviembre Israel extendió esa declaración a orden militar para poder aplicarla en Cisjordania ocupada, donde estas organizaciones operan y tienen sede, lo que abre la puerta a la detención de personal, algo que todavía no ha ocurrido.

El equipo legal de las organizaciones argumenta que la designación es una "descarada decisión política dirigida a destruir la sociedad civil palestina, basada en leyes arbitrarias y medidas de emergencia", ya que son las que más critican "las políticas de ocupación y de apartheid de Israel a nivel local e internacional", indicó Adalah.

"Estas designaciones infundadas tienen como objetivo deslegitimar y desacreditar el trabajo de estos grupos, colocando a las organizaciones, su personal y sus partidarios en peligro de cargos criminales", señala Adalah que representa legalmente a las ONG junto con los abogados Michael Sfard y Avigdor Feldman.

Este último es también el letrado que lleva el caso de Juana Ruiz, la trabajadora humanitaria española encarcelada desde abril en Israel y condenada a 13 meses de prisión en noviembre por trabajar y recaudar fondos para los Comités de la Salud, una ONG palestina a la que Israel también acusa de vínculos con el FPLP.EFE

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