Jerusalén, 3 feb (EFE).- Las seis ONG palestinas declaradas "terroristas" en octubre por Israel exigieron hoy que se anule esa decisión al mantenerse todavía en secreto las pruebas que avalarían tal designación por parte de Ministerio de Defensa israelí.

Las organizaciones presentaron hoy una "objeción de procedimiento" ante el Comandante Militar del Territorio Palestino Ocupado (TPO) en Cisjordania, contra su designación como asociaciones ilegales por actividades terroristas, informó Adalah, Centro Legal por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, que integra el equipo legal que asesora a las seis ONGs palestinas.

Las organizaciones son Al Haq, el Centro Bisan, Addameer (Asociación de Derechos Humanos y de Apoyo a los Prisioneros), la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Organización de Defensa de la Infancia.

El equipo legal de estas seis ONGs, que también lo integran los despachos de los abogados Michael Sfard y de Jawad Boulus, ya envió en diciembre una carta a las autoridades israelíes exigiendo que revelen las pruebas que avalan su designación como entidades terroristas, sin que por el momento hayan recibido respuesta.

"No hay justicia, equidad o debido proceso para las organizaciones, sin acceso a estos materiales en su totalidad para poder defenderse", señaló Adalah.

En respuesta, las autoridades militares israelíes respondieron el 2 de enero de 2022 que a los grupos se les permitiría inspeccionar los materiales no clasificados, pero enfatizaron que el núcleo de las designaciones se basa en información de inteligencia confidencial que no puede revelarse por “razones de seguridad”.

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, designó como terroristas a finales de octubre a seis importantes organizaciones palestinas defensoras de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, a pesar de que son todas ellas socias de organizaciones internacionales y reciben fondos de la UE y de la ONU para desarrollar su labor, lo que las somete a estrictas auditorías.

Gantz se apoyó en la polémica ley antiterrorista de 2016 y las vincula al Frente Popular de Liberación para Palestina (FPLP), considerado terrorista no sólo por Israel, sino también por EEUU y la UE.

En noviembre Israel extendió esa declaración a orden militar para poder aplicarla en Cisjordania ocupada, donde estas organizaciones operan y tienen sede, lo que abre la puerta a la detención de personal, algo que todavía no ha ocurrido.

La objeción presentada hoy se basa en los argumentos de ausencia de debido proceso, falta de pruebas, conflicto de intereses -el Comandante militar que las designó terroristas es el mismo órgano que decide sobre la objeción-, y violación del Estado de derecho. EFE

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