Bruselas, 7 feb (EFE).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) decidió este lunes enviar un requerimiento al Gobierno español y a la Generalitat de Cataluña para pedirles que hagan cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la administración educativa catalana a impartir el 25% de las clases en español.

La presidenta de esta comisión parlamentaria, Dolors Montserrat, anunció también que mantendrá abierta la petición que trasladó a la Eurocámara y enviará el caso a los grupos del Parlamento Europeo que vigilan el Estado de derecho y la democracia y los derechos de los menores.

Monserrat no validó, por contra, la propuesta de enviar una misión de investigación de la comisión de Peticiones a Cataluña al tratarse de una decisión que deben tomar los coordinadores.

El caso, que llega este lunes por tercera vez a la comisión de Peticiones de la Eurocámara, lo presentó la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña, Ana Losada.

En declaraciones a la prensa, Losada consideró "positivo" que la comisión de Peticiones mantenga el caso abierto y que se envíen las cartas de requerimiento.

No obstante, lamentó que algunos partidos hayan "minusvalorado" su presencia ante la Eurocámara cuando "la realidad palpable es que en Cataluña no se puede estudiar en castellano".

"Si venimos a Europa es porque esta solución no llega ni del Gobierno de la Generalitat ni del Gobierno de España", incidió la presidenta de AEB.

Losada, que se desplazó a Bruselas para defender su caso, explicó a los eurodiputados la reciente sentencia del Tribunal Supremo y las declaraciones posteriores de las autoridades de la Generalitat expresando su “voluntad de no modificar el sistema educativo catalán” y de “no acabar con la inmersión lingüística declarada nula”.

“Apelamos al Estado de derecho y le pedimos que insten a cumplir la sentencia al Gobierno y a la Generalitat”, pidió Losada, que dijo que su asociación llega a Europa “porque no confía en las instituciones democráticas españolas” y “buscando una ayuda que no encuentran en la Generalitat”.

La representante de la Comisión Europea, por su parte, recordó que la Unión Europea no tiene competencias ni en la gestión del uso de las lenguas cooficiales ni en el ámbito educativo, por lo que mantiene su decisión de no intervenir en este caso, aunque recordó que la Constitución española obliga a cumplir las sentencias judiciales.

“Esto es una cuestión interna de España que tiene que dirimirse en el marco del orden constitucional español. Por el carácter interno y las limitadas competencias de la Comisión Europea sobre los sistemas educativos de los Estados miembros, la Comisión no ve lugar para una actuación por su parte”, dijo la funcionaria europea que representó al Ejecutivo comunitario.

Entre los diputados que intervinieron en el caso, la amplia mayoría de ellos españoles, los representantes de PSOE, ERC, Bildu y JxCat se mostraron partidarios de cerrar la petición, mientras que PP, Ciudadanos y Vox reclamaron que se mantenga abierta y pidieron una misión parlamentaria que examine la situación sobre el terreno.

Diana Riba (ERC) y Toni Comín (JxCat) criticaron que los denunciantes de estos casos “se empeñan en crear un problema donde no existe” y lamentaron no poder usar el catalán en sus intervenciones en el Parlamento Europeo, ya que no es una de las lenguas oficiales comunitarias.

Javi López (PSOE), por su parte, incidió en que no ha terminado aún el tiempo de ejecución de la sentencia del Supremo y en que se trata de un debate que no compete a las autoridades europeas. También lamentó que, pese a ello, es la tercera vez que la Eurocámara trata este tema desde 2018 mientras más del 90 % de las peticiones que llegan a esta comisión parlamentaria no llegan a ser debatidas.

Por su parte, Maite Pagazaurtundúa (Cs) incidió en que no se trata de “una cuestión solo de régimen lingüístico”, sino de “ingeniería intolerante contra la libertad de los demás” en la “diversidad de la utilización de las lenguas vehiculares en la enseñanza”, mientras que Hermann Tertsch (Vox) pidió el fin del “adoctrinamiento en contra de España” y de los “políticos separatistas pervirtiendo la educación”. EFE

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