Lima, 02 feb. (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este miércoles que declarará en estado de emergencia Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, colindante a Lima, una medida que regirá por 45 días ante el incremento de crímenes y actos delictivos.

En una rueda posterior a la primera reunión que sostuvo el flamante gabinete del Gobierno de Pedro Castillo, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, informó de que a partir del jueves se publicará el decreto supremo que declara en estado de emergencia Lima y el Callao, donde la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá en todo el momento el control del orden interno, pudiendo solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas.

"Dentro de los principales acuerdos que hemos tomado el día de hoy en el Consejo de Ministros es la declaratoria del estado de emergencia en Lima y el Callao por 45 días y la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional y la participación también de los gobiernos locales para enfrentar este flagelo de la delincuencia generalizada en todo el país, pero principalmente en Lima y el Callao", declaró Gavidia.

Esta medida ya había sido aprobada la semana pasada por el anterior equipo ministerial, pero la norma no llegó a ser publicada en el diario oficial El Peruano, en medio de la crisis que azotó la cartera del Interior y que provocó la renuncia del entonces titular del sector, Avelino Guillén, y la salida del comandante general de la PNP Javier Gallardo.

El nuevo ministro del Interior, Alfonso Chávarry, aseguró que el Ejecutivo velará por el orden interno y explicó que, mientras esté en vigencia la norma, se suspenderán los derechos fundamentales de las personas como la inviolavilidad de domicilio y el derecho de tránsito.

De acuerdo a la Constitución peruana, el Ejecutivo puede declarar el estado de emergencia en todo o en parte del territorio nacional en caso de perturbación de paz o del orden interno, catástrofe o en graves circunstancias que afecten la vida de la nación.

Inicialmente, la medida no puede exceder los 60 días, aunque si se mantiene la situación que la motivó el Gobierno tiene derecho a solicitar la extensión del plazo, que no debe ser mayor a 30 días. EFE

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