Esta medida, parte de una crisis económica más amplia, ha desatado un embargo de casi 84 millones de euros y podría tener repercusiones adicionales para la economía nacional.

España ha caído en un torbellino económico internacional debido a la acumulación de incumplimientos de más de 25 laudos internacionales. La deuda acumulada por la retirada retroactiva de las primas renovables asciende a 1.560 millones de euros, y los sobrecostes legales y financieros asociados superan los 315 millones de euros. Esta situación ha provocado un daño económico nacional estimado en 7.340 millones de euros debido a la inseguridad jurídica generada por estos impagos.

Los inversores afectados han tomado medidas drásticas para recuperar sus fondos. En un desarrollo reciente, el 10 de julio, la justicia belga ordenó la intervención de una cuenta bancaria del ente público Enaire, que es el principal accionista de Aena. Enaire recibe pagos mensuales de Eurocontrol por los servicios de gestión y manejo del tráfico aéreo en el espacio aéreo europeo. La empresa denunciante, Blasket Renewable Investments, una compañía estadounidense, es uno de los numerosos acreedores perjudicados.

El 23 de julio, Eurocontrol informó a Blasket Renewable Investments que el monto total sujeto a embargo es de 83.727.792,99 euros, de los cuales 79.987.601,52 euros corresponden a pagos pendientes a Enaire por los servicios de junio. La orden de embargo se mantendrá vigente hasta que se resuelva la controversia, lo que podría afectar también a pagos futuros. Se espera que otros inversores se unan a esta acción, aprovechando la posibilidad de sumarse a la reclamación bajo la normativa belga.

Las empresas afectadas han criticado la reticencia de la ministra Teresa Ribera para negociar una solución satisfactoria. La falta de resolución podría resultar en nuevos embargos y seguir alimentando la inseguridad jurídica. Este escenario no solo amenaza la inversión en energías renovables, sino que también podría tener consecuencias negativas para la carrera política de Ribera en Europa.

"Esta crisis subraya la necesidad urgente de un marco legal claro y fiable para la inversión en energías renovables en España," afirman las compañías afectadas. La resolución rápida y justa de este conflicto es vista como crucial para restaurar la confianza de los inversores y asegurar el desarrollo sostenible del sector.

En conclusión, el Gobierno español tiene ante sí un desafío monumental: resolver los impagos y evitar una mayor escalada de conflictos internacionales que puedan seguir afectando la estabilidad económica del país.