Lo Pagán (Murcia), 11 feb (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este viernes un aumento de 102 millones de euros en la inversión prevista por el Gobierno para actuaciones en el Mar de Menor, que pasará así de 382 millones a 484 millones de euros.

Ribera ha visitado la Región de Murcia para reunirse con las distintas organizaciones ecologistas, sociales, empresariales y sindicales implicadas en la crisis de la laguna salada, los ayuntamientos de la zona y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en cumplimiento del compromiso adquirido en septiembre de 2021 de trasladarse a esta comunidad para dar cuenta de la situación.

El aumento de la inversión anunciada incluye 22 millones de euros para recuperar ecosistemas en la franja del Mar Menor y otros 20 millones de euros para facilitar la diversificación de actividades en el ámbito agrario

La última visita de Ribera a la Región fue en noviembre pasado y desde entonces se presentaron 600 alegaciones al programa marco para recuperar la laguna salada, con 79 participantes, en el que se incluyen plataformas, regantes, empresas o universidades, pero de los que la ministra ha destacado que el 50% son ciudadanos particulares.

Recordó que desde el año 2018 se iniciaron 283 expedientes sancionadores por uso privativo de agua sin autorización. Tras recibir la notificación, 52 fincas han cerrado los regadíos voluntariamente, una superficie que supone 1.007 hectáreas, mientras que 628 hectáreas se encuentran en ejecución subsidiaria y los propietarios de otra parte han recurrido y se encuentran a la espera de resolución judicial.

La intención del Gobierno de España es que la tramitación de estos expedientes esté lista en el mes de marzo, “lo cual no significa que haya posibilidad de ejecución de los cierres”, ha expresado Rivera, porque estos dependen del trámite judicial.

Preguntada sobre los purines que se producen en las granjas de la zona, ha señalado que “en la medida en la que la presión de los contaminantes supera umbrales que acaban afectando al acuífero y pueden poner en peligro la calidad del agua, los vertidos al Mar Menor y la calidad de los suelos, la obligación de las administraciones es regularlos adecuadamente”.

Además, ha considerado “una barbaridad y una irresponsabilidad” la intención del Ejecutivo andaluz de tratar de legalizar regadíos en el entorno de Doñana. “No hay agua para legalizar regadíos”, ha asegurado, para añadir que “no se puede esconder la incapacidad de la respuesta sobre algo en lo que no tienen competencia”. EFE

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