Río de Janeiro, 3 feb (EFE).- La Corte Suprema de Brasil estableció este jueves un plazo de 90 días para que la Gobernación del estado de Río de Janeiro adopte medidas contra la violencia de sus policías, que entre enero y noviembre del año pasado fueron responsables por la muerte de casi 1.300 personas.

En una decisión aprobada por unanimidad por sus once magistrados, el Supremo Tribunal Federal determinó que la Gobernación de Río de Janeiro presente en un plazo de 90 días un plan viable para reducir las altas tasas de muertes de civiles y de violaciones de los derechos humanos de sus fuerzas de seguridad pública.

Según estadísticas de la propia Gobernación de Río de Janeiro, los policías de este estado brasileño responden por casi la cuarta parte de los homicidios registrados en su jurisdicción.

El total de homicidios dolosos registrados en Río de Janeiro, sin incluir los provocados por los policías, cayó un 8 % en el último año, desde 3.544 en 2020 hasta 3.245 en 2021, mientras que las muertes de civiles en intervenciones policiales subieron un 12 %, hasta 1.298 en los once primeros meses de 2021.

En 2020 los policías de Río de Janeiro, considerados como los más violentos de Brasil, fueron responsables por la muerte de 1.245 personas que supuestamente se resistieron a sus operativos.

Esas cifras saltaron el año pasado por una matanza de 28 habitantes de la favela de Jacarezinho en una violenta operación, cuya investigación ha demostrado que muchas de las víctimas fueron asesinadas a quemarropa y cuando ya estaban rendidas. La operación provocó la que es considerada como mayor matanza urbana en la historia de Brasil.

En su sentencia de este jueves, la Corte Suprema dijo esperar de la Gobernación un plan para reducir esa violencia que incluya medidas objetivas, cronogramas y una previsión de los recursos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Igualmente determinó que la investigación de operaciones policiales que terminen con muertes de adolescentes tenga prioridad.

La máxima corte también determinó que los mandatos de detención o de allanamiento solo sean cumplidos en horarios diurnos y que estén suficientemente detallados y justificados.

La sentencia igualmente estableció un plazo de 180 días para que la Gobernación equipe los uniformes de todos sus agentes policiales y las patrullas con herramientas de localización GPS y cámaras de audio y video con las que se puedan verificar sus movimientos.

"El sistema necesita realmente de una corrección de los rumbos que permita proteger la vida y la salud de todos, incluyendo los habitantes de las comunidades (favelas) y los propios policías", afirmó el presidente del Supremo, Luiz Fux.

En una cautelar concedida en junio de 2020, cuando el proceso comenzó a ser analizado por los magistrados, el tribunal ya había prohibido el disparo de armas de fuego desde helicópteros en operaciones en las favelas de Río de Janeiro.

Igualmente había determinado que operaciones en estas barriadas populares solo pueden realizarse en horarios nocturnos y en casos excepcionales totalmente justificados por escrito. EFE

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