El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprovechó su reciente visita al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para reiterar su postura inamovible respecto a su permanencia en el Palacio de Miraflores. Durante su intervención, Maduro enfatizó que no tiene intención alguna de dejar el poder y dejó claro que cualquier negociación con la líder opositora María Corina Machado debe ser manejada exclusivamente por el fiscal general. "El único que tiene que negociar en este país con Machado es el fiscal general", declaró Maduro, quien también lanzó nuevas advertencias contra los opositores.

El mandatario venezolano rechazó la propuesta de Machado, quien había sugerido la posibilidad de negociar una transición a la democracia en Venezuela. Según lo planteado por Machado, dicha transición incluiría "garantías, salvoconductos e incentivos" para que Maduro abandone el poder de manera pacífica. Esta oferta fue conocida poco después de que se difundiera un informe de The Economist, en el que se revelaba que Washington estaba dispuesto a ofrecer a Maduro "lo que quiera" a cambio de que reconociera su derrota electoral.

Por su parte, el nuevo presidente de Panamá, Raúl Mulino, también expresó su disposición para ofrecer asilo a Maduro y a otros miembros de la élite chavista en su país. Mulino sugirió que los países latinoamericanos, que se oponen a lo que describen como un "megafraude revolucionario", están organizando una cumbre para abordar la crisis venezolana. Inicialmente, Mulino ofreció Panamá como sede para esta reunión, pero se considera más probable que se lleve a cabo en Santo Domingo durante la toma de posesión presidencial de Luis Abinader.

Mientras tanto, se mantiene en suspenso una minicumbre que reuniría a Maduro con tres presidentes izquierdistas que encabezan la mediación internacional: el brasileño Lula da Silva, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el colombiano Gustavo Petro. Estos mandatarios han insistido en la importancia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), como corresponde, sea el encargado de presentar los resultados electorales detallados por municipio, centro y mesa.

A pesar de que han transcurrido casi dos semanas desde el 28 de julio, la única información pública sobre las actas electorales ha sido proporcionada por la oposición democrática, que ha publicado el 83% de las actas oficiales en una página web. Sin embargo, el chavismo se ha negado a hacer públicas estas actas, argumentando un supuesto hackeo desde Macedonia del Norte. Este impasse ha llevado a que la crisis electoral sea trasladada al TSJ, institución clave en la defensa de la revolución frente a la oposición.

El Centro Carter, único organismo independiente presente en la jornada electoral, confirmó la victoria de Edmundo González Urrutia con un 67% de los votos, superando a Maduro, quien obtuvo solo el 30%, con una diferencia de cuatro millones de votos.

En este contexto, María Corina Machado, quien se encuentra en un lugar seguro debido a las amenazas contra su vida, manifestó en su última comunicación: "No vamos a dejar la calle, vamos hasta el final, hasta que la verdad se imponga, que la soberanía popular se respete".