La situación en Venezuela, marcada por una feroz represión estatal tras las protestas surgidas en respuesta a las elecciones presidenciales, ha llevado a la ONU a exigir una acción inmediata. La Misión de Investigación para Venezuela, liderada por Marta Valiñas, ha emitido un comunicado en el que insta al "cese inmediato" de la represión y a la apertura de investigaciones rigurosas sobre los hechos de violencia ocurridos desde la celebración de los comicios.

Las denuncias son graves: 23 muertes confirmadas, en su mayoría jóvenes menores de 30 años, y 1.260 detenciones, que incluyen a 160 mujeres y más de 100 menores de edad. El uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, la implicación de civiles armados y las detenciones arbitrarias han generado un clima de temor generalizado en el país.

La misión subraya que "la gran mayoría de las detenciones" han sido realizadas contra personas que simplemente manifestaban su rechazo al resultado electoral. Los detenidos, entre ellos dirigentes políticos, periodistas y activistas, han sido acusados de terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin base probatoria sólida y mediante procesos judiciales que violan las normas del debido proceso.

El caso de los niños, niñas y adolescentes detenidos es especialmente alarmante. Imputados por los mismos crímenes graves que los adultos, estos menores han sido sometidos a procesos judiciales sin la presencia de sus tutores, lo que viola las normas internacionales de protección infantil.

La ONU, a través de su misión, ha dejado clara su postura: todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato. Asimismo, se ha reclamado que se garantice el respeto estricto de las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención.

En palabras de Patricia Tappatá, experta de la misión, "las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales" y utilizar los canales formales para comunicarse con los familiares de los detenidos. La presión internacional aumenta para que el gobierno venezolano responda por estas graves violaciones de derechos humanos y detenga la escalada represiva que ha conmocionado al país.