El régimen chavista ha procedido a la detención de Perkins Rocha, asesor legal de la campaña de la oposición venezolana, en un contexto de crecientes tensiones políticas. Según las cifras oficiales, desde el 29 de julio, más de 2.400 personas han sido detenidas en Venezuela. La noticia sobre la detención de Rocha llega en un momento en el que se ha cumplido un mes desde las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador, en medio de alegaciones de fraude y llamados a una mayor transparencia desde la comunidad internacional.

María Corina Machado, líder opositora, denunció a través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter) que el régimen chavista ha “secuestrado” a su abogado personal y coordinador jurídico. Machado también destacó que Rocha es el representante del Comando Con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En un comunicado, Machado expresó: “Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos, y por Venezuela entera. Seremos libres”.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela confirmó que Rocha fue llevado por “sujetos no identificados”. El partido ha exigido información sobre su paradero y su inmediata liberación.

Previamente, Rocha había afirmado que Nicolás Maduro se resiste a aceptar lo que, según la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), es el resultado de las elecciones del 28 de julio, donde el candidato de la PUD, Edmundo González Urrutia, habría ganado con base en el 83,5% de las actas recogidas. El gobierno, por su parte, ha descalificado estos documentos como falsos.

El pasado sábado, María Corina Machado hizo un llamado a la comunidad internacional para que responsabilice a Maduro y su “régimen” por la represión en el país, especialmente después de los comicios. Las cifras oficiales indican que desde el 29 de julio, se han producido más de 2.400 detenciones, algunas durante manifestaciones y otras en operativos policiales. Además, 25 personas han fallecido en hechos de violencia, con el gobierno responsabilizando a la oposición y el antichavismo acusando a las fuerzas de seguridad del Estado.