Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado que acudirán a los tribunales para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, una reunión que no se ha celebrado en más de dos años. Las regiones de Cantabria, Aragón, Galicia, Murcia, Castilla y León, Madrid y Baleares han expresado su intención de presentar recursos contenciosos-administrativos para obligar al Ejecutivo a celebrar esta conferencia, donde se discutirían temas como la inmigración irregular y la financiación autonómica.

El gobierno de Cantabria ha estado solicitando la convocatoria de esta conferencia. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado a través de sus redes sociales que presentarán un recurso ante la justicia. En una publicación en la plataforma 'X', Buruaga expresó su frustración por la falta de respuesta de Pedro Sánchez y confirmó que Cantabria ya está trabajando en el recurso contencioso-administrativo.

Esta acción llega después de que la consejera cántabra de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, solicitara la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para discutir una política migratoria global y estratégica. Gómez del Río ha criticado al Gobierno de España por delegar la responsabilidad de la gestión migratoria a las comunidades autónomas y tomar medidas puntuales que, según ella, no resuelven sino agravan el problema.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto con los líderes territoriales del partido, discutieron la necesidad de convocar la Conferencia de Presidentes durante un almuerzo en Madrid. Este encuentro siguió a una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, donde se realizó un balance del curso político. Según fuentes del partido, tanto el PP como sus 14 presidentes autonómicos y de las dos ciudades autónomas han solicitado reiteradamente a Sánchez que convoque la conferencia, argumentando que es una "obligación legal".

El pasado 24 de abril, los líderes de las comunidades autónomas del PP firmaron una carta dirigida a Pedro Sánchez, exigiendo la convocatoria inmediata y urgente de la Conferencia de Presidentes. En esa carta, señalaron la necesidad de abordar temas como la financiación autonómica, el fortalecimiento del Estado de derecho, la igualdad entre ciudadanos, la separación de poderes y la seguridad jurídica tras la Ley de Amnistía. Recientemente, han añadido la inmigración irregular a la agenda de temas a tratar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya había anunciado el viernes pasado que su gobierno iniciaría acciones legales si Sánchez no convocaba de inmediato la Conferencia de Presidentes. Ayuso argumentó que Sánchez está incumpliendo la Ley 40/2015 y el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, que estipula que este órgano debe reunirse al menos dos veces al año. Este martes, Ayuso reiteró su demanda y advirtió que la situación de inmigración podría empeorar si no se toman medidas adecuadas.

Otros presidentes autonómicos del PP han seguido el ejemplo de Ayuso. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que su gobierno presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para exigir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Azcón subrayó que es un derecho de las comunidades autónomas discutir los temas que les afectan y que ha llegado el momento de reclamar judicialmente.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo para que Sánchez convoque la conferencia. López Miras destacó la necesidad de que el presidente del Gobierno cumpla con su obligación y subrayó que no pueden seguir ignorando esta situación.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha urgido a Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes para discutir la financiación autonómica, la inmigración y la falta de profesionales médicos. Fernández Mañueco enfatizó que más de diez comunidades autónomas están solicitando esta reunión y que es una obligación legal del presidente del Gobierno.

En Galicia, el presidente Alfonso Rueda ha insistido en la convocatoria inmediata de la conferencia y ha anunciado que, de no celebrarse, presentarán un recurso por incumplimiento legal en la próxima reunión del Consello. Rueda calificó la convocatoria de la conferencia como imprescindible y obligatorio desde el punto de vista legal.

Finalmente, el gobierno de Baleares ha comunicado que presentará un recurso contencioso-administrativo para exigir la reunión de la Conferencia de Presidentes. Según el Govern balear, la decisión se ha tomado debido a la inactividad de Sánchez en convocar este importante órgano de coordinación autonómica.

Desde la Comunidad Valenciana, la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha reclamado también la convocatoria de la conferencia para que el Gobierno ofrezca explicaciones sobre la gestión de la inmigración, que requiere planificación, coordinación y financiación para ser gestionada de manera eficiente y efectiva.