La futura Ley de Control Ambiental de Cantabria mantendrá “al cien por cien” las garantías de protección medioambiental, pero simplificará y agilizará los trámites administrativos para los ciudadanos y las empresas que deseen poner en marcha una actividad. Será un instrumento clave al servicio del desarrollo industrial y económico de la comunidad autónoma.

Así lo ha asegurado hoy el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, durante la presentación del anteproyecto de ley, que sale hoy a información pública en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), tal y como adelantó el pasado domingo la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en su intervención en el Día de Cantabria en Cabezón de la Sal. El plazo para presentar aportaciones al texto legal permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre.

Media ha destacado que la nueva normativa, que reemplazará la “obsoleta” Ley de Control Ambiental Integrado del año 2006, está en línea con el compromiso del Gobierno en materia de simplificación administrativa y pretende acabar con las demoras excesivas en la concesión de las autorizaciones ambientales. “Que una autorización tarde dos, cuatro o seis años en otorgarse o denegarse, y en algunos casos mucho más, no es garantía de nada. Solo garantiza que algo no funciona dentro de la propia administración”, ha subrayado.

Novedades

El consejero de Medio Ambiente ha puesto el foco en las dos principales novedades que introduce la nueva ley: en primer lugar, la declaración ambiental responsable para proyectos de “escasa relevancia ambiental” y, en segundo lugar, la sustitución de la Comisión de Comprobación Ambiental por un informe de la Dirección General de Medio Ambiente para aquellas iniciativas de mayor envergadura.

Sobre la primera de estas medidas, ha recordado que actualmente cualquier actuación, “por pequeña que sea”, requiere del informe obligatorio de la Comisión de Comprobación, informe que, según ha dicho, “puede tardar meses”. Con la nueva ley, para proyectos de menor importancia bastará con que el interesado y el técnico competente, bajo su responsabilidad, presenten una declaración responsable, indicando que cumplen con todos los requisitos establecidos en la norma.

“Eso les va a permitir poner ya en marcha su actividad y, posteriormente, la administración comprobará que toda la documentación está en regla y que la actividad coincide con lo declarado y con la normativa vigente. Si existe alguna irregularidad, se procederá a la inmediata clausura de la actividad y serán sancionados tanto el promotor como el técnico responsable”, ha explicado Media.

Por otro lado, cuando los proyectos tengan “alguna relevancia medioambiental” y a instancias del promotor, será la Dirección General de Medio Ambiente la encargada de recabar todos los informes sectoriales necesarios para, seguidamente, emitir su propio informe, que tendrá carácter preceptivo y vinculante y será previo a cualquier actuación urbanística.

Como ejemplo, el consejero ha señalado que una explotación ganadera de hasta 50 vacas de leche o 100 vacas de cebo solo necesitaría una declaración responsable para ponerse en marcha. Sin embargo, si supera ese número de cabezas de ganado, ya necesitaría el informe de Medio Ambiente.

Del mismo modo, en el sector agroalimentario estarían sujetas a declaración ambiental y, por tanto, exentas de informe, todas aquellas actividades cuya producción no supere los cien kilos por día, al igual que la apertura de una peluquería o de un bar, si este no necesitara extracción de humo.

Además, Media ha añadido que con la nueva ley, la Comunidad Autónoma será responsable de otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas (AII) y las Evaluaciones Ambientales, así como de emitir los informes de comprobación ambiental, descargando así de trabajo a los ayuntamientos, que tendrán la competencia de vigilar y controlar las actividades sujetas a comprobación ambiental.

Objetivos, medidas cautelares y sanciones

El consejero de Medio Ambiente ha resumido en cinco los objetivos de la nueva ley: alcanzar el máximo nivel de protección del medio ambiente, agilizar la burocracia y evitar duplicidades, establecer un control administrativo ambiental previo a la puesta en marcha de determinadas instalaciones y una supervisión posterior, impulsar la corresponsabilidad público-privada, y establecer medidas correctoras para reparar o compensar posibles daños ambientales, además de fomentar la participación social.

En este sentido, Media ha avanzado que el texto también recoge la posibilidad de implementar medidas cautelares urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una actuación inmediata ante un riesgo grave. En estos casos, la administración se reserva la facultad de paralizar la actividad, precintar instalaciones y maquinaria, e incluso retirar y decomisar los productos.

Asimismo, la ley incrementa las cuantías de las sanciones, que pueden ir desde los 200 euros para las infracciones leves, hasta los 500.000 euros para las infracciones muy graves.

Para asegurar el cumplimiento de la normativa, Media ha señalado que se pondrá un especial énfasis en la inspección, mediante la regulación del Plan de Inspección de las Autorizaciones Ambientales Integradas y de los Programas de Inspección Ambiental Integrada.

“Esta futura ley tiene una clara vocación de simplificación administrativa, con la decidida voluntad de reducir y agilizar los trámites y la carga burocrática que soportan las empresas y los ciudadanos en cualquier actividad sometida a algún tipo de control ambiental y, al mismo tiempo, que las actividades necesarias para conseguir el progreso de la región puedan convivir en armonía con la protección del medio ambiente”, concluyó Media, quien confía en que la norma se apruebe en el Parlamento en el próximo periodo de sesiones y “con el máximo consenso posible”.

El consejero estuvo acompañado en la presentación por el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano, y por el subdirector general, Gustavo Merino.