El Ayuntamiento de Laredo ha dado un paso significativo en la gestión del caso del edificio Tenis al constituir una comisión especial de seguimiento del procedimiento de ejecución de sentencia. Presidida por el alcalde Miguel González, esta comisión cuenta con la asistencia de varios funcionarios municipales clave, incluido el secretario municipal, el arquitecto urbanista y jefe de servicio de la oficina técnica de vías y obras, y el Jefe de Sección Jurídica de Planeamiento y Gestión.

En una sesión en la que estuvieron presentes representantes de todos los grupos municipales, excepto Hacemos Laredo, se abordó el informe sobre la resolución del Tribunal Supremo respecto a la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Esta sentencia reconoció el derecho de una de las propietarias del Aparthotel Tenis a solicitar una reclamación patrimonial al Consistorio de Laredo, por un monto de 642.137,32 euros, debido a los daños y perjuicios sufridos por la anulación de la licencia de primera ocupación otorgada ilegalmente.

La causalidad del daño, argumenta la demanda, se fundamenta en la actuación negligente del Ayuntamiento al otorgar la licencia de primera ocupación y las acciones ilegales de la constructora. La comisión tiene la tarea de supervisar el cumplimiento de la sentencia y abordar las diversas implicaciones legales y financieras del caso.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Sin embargo, las críticas de la oposición han puesto de relieve la tardanza en la constitución de la comisión y las dificultades relacionadas con la organización y entrega de documentos.

Ramón Arenas, portavoz de UxL, ha lamentado la entrega desordenada de los documentos del expediente, que suman 125 y no están ordenados cronológicamente. Además, ha señalado la ausencia del abogado responsable de la defensa de los intereses municipales en el asunto del Tenis.

El Ayuntamiento, mientras tanto, ha recurrido al Tribunal Supremo, que admitió el recurso de casación pero impuso las costas procesales al Consistorio. Los concejales del equipo de Gobierno no han realizado declaraciones al respecto, según UxL.