Un contador sigue corriendo sin detenerse, reflejando una deuda que ya ha superado los 1.870 millones de euros y que aumenta cada segundo. Este contador representa el dinero adeudado por España debido a impagos relacionados con las primas de las energías renovables, una decisión del gobierno de Pedro Sánchez que podría llevar a la confiscación de bienes y derechos financieros de España en el extranjero por un valor que podría alcanzar los 5.000 millones de euros. Fuentes que representan al 80 % de las empresas que reclaman a España han indicado que todos los bienes embargables ya están identificados y que ahora solo falta decidir si deben proceder con esta «lista de la compra».

Hasta la fecha, España ha enfrentado el embargo cautelar de varias propiedades en Londres, incluyendo la sede del Instituto Cervantes, el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, y la oficina económica de la Generalitat de Cataluña, conocida como Acció. Además, hay 14 procedimientos en curso para registrar los laudos impagados en Estados Unidos, cuatro más en Australia y otros cuatro en el Reino Unido, que podrían culminar en embargos adicionales. Según Ashley Messick, de J.S. Held, responsable de consultoría de la mayoría de los demandantes, los bienes de España han sido rastreados en 12 países que son favorables al cumplimiento de estos laudos. Messick señala que estas confiscaciones representan las opciones más accesibles y que, en el punto de mira, están bienes como la filial de Navantia en Australia, los derechos de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorada en 900 millones de euros, e incluso el avión presidencial Falcon.

Hasta la fecha, España ha sido condenada en 26 de los 31 procesos judiciales cerrados, con fallos en su contra que suman 1.562 millones de euros, a los que se deben añadir los intereses de demora y las costas judiciales. Además, el Estado ha gastado más de 71 millones de euros en abogados y consultores para defenderse en estos litigios. Los demandantes estiman que la cuantía total de las condenas podría ascender a unos 2.300 millones de euros. Asimismo, mencionan que la situación de impagos ha generado un impacto negativo en el Tesoro, estimado en alrededor de 7.340 millones de euros.