En un inesperado giro, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales, sin previa consulta con los actores del diálogo social, como las patronales empresariales (CEOE, Cepyme) y los sindicatos (CCOO y UGT). Esta decisión, adelantada por el PNV, ha generado un revuelo en el ámbito laboral y político.

Según el Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, esta modificación, que forma parte del acuerdo de investidura entre el PNV y el Gobierno, implica una revisión del Estatuto de los Trabajadores para otorgar prioridad a los convenios colectivos autonómicos. Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco, expresó su satisfacción, afirmando que esta medida "permitirá mejorar las condiciones laborales" no solo en el País Vasco, sino en todo el país.

La reforma legislativa, incluida en el Decreto-ley de subsidios de desempleo aprobado recientemente, modifica el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, otorgando preferencia a los convenios autonómicos que ofrezcan condiciones más favorables a los trabajadores. Esta disposición, que ya estuvo vigente entre diciembre de 2023 y enero de 2024, ahora se reinstaura, cumpliendo así con el pacto de investidura entre el PNV y el Gobierno.

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sellaron este acuerdo el pasado noviembre. Sin embargo, la aprobación de esta medida sin consultar con los agentes del diálogo social ha suscitado críticas. La patronal CEOE y Cepyme han expresado su rechazo total, considerando que esta acción muestra un "desprecio al Diálogo Social".

La nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores establece que los convenios colectivos autonómicos tendrán prioridad sobre los estatales y sectoriales siempre que beneficien a los trabajadores. Este cambio ha desencadenado un debate sobre el papel del diálogo social en la toma de decisiones laborales y económicas.