En un giro inesperado, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha decidido aplazar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales hasta finales de 2026. Esta modificación representa un notable retraso en relación con los plazos inicialmente previstos, que situaban el inicio de la reducción gradual a partir de 2025. La decisión ha generado reacciones mixtas entre los actores sociales, que continúan debatiendo los detalles de una reforma que afecta a millones de trabajadores en España.

Aunque la mesa de diálogo social sigue en pleno proceso de negociación, algunos puntos clave ya se han perfilado. El plazo final para la aplicación total de la medida será el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que todas las empresas deberán haber ajustado sus jornadas. Este retraso, según fuentes cercanas a la negociación, obedece a una "generosidad" del Ministerio de Trabajo, que ha cedido en la ampliación del periodo transitorio ante la complejidad del proceso y las demandas de las patronales.

Una transición gradual y compleja

En 2025, se espera que las empresas cuya jornada laboral supere las 38,5 horas por convenio—alrededor de un 7% del total—sean las primeras en ajustar sus horarios. El objetivo es que para 2026, la reducción de la jornada esté completamente integrada en el tejido empresarial español. Sin embargo, este proceso de ajuste no ha sido exento de tensiones.

Los sindicatos, en particular CCOO y UGT, han expresado su frustración ante lo que consideran una situación de "bloqueo" en las negociaciones. En respuesta, han convocado protestas el próximo 26 de septiembre frente a las sedes de las patronales en todo el país, acusando a CEOE y Cepyme de obstaculizar el avance de las conversaciones y de preferir acuerdos por convenio que, en su opinión, solo benefician a las grandes empresas.

Resistencia empresarial y el problema de la flexibilidad

Uno de los aspectos más controvertidos en la mesa de negociación ha sido la flexibilidad en la aplicación de la reducción de la jornada. Las organizaciones empresariales consideran que el plan del Gobierno no atiende adecuadamente a las necesidades productivas de las empresas. Mientras que el Gobierno plantea una flexibilidad del 10%, los empresarios piden que esta suba al 40% durante el periodo de transición, y que dicho porcentaje quede como una norma permanente.

Para los empresarios, este nivel de flexibilidad es crucial para poder adaptarse a los picos de producción sin incurrir en sobrecostes insostenibles. Aun así, advierten que una reducción arbitraria de la jornada podría tener efectos adversos, como la generación de costes adicionales en salarios y cotizaciones, así como un desequilibrio en la oferta de horas laborales, lo que afectaría la productividad y la competitividad.

¿Una bonificación ineficaz?

Otro punto de discordia es la propuesta de bonificación a la contratación que el equipo de Yolanda Díaz ha puesto sobre la mesa. Esta medida busca incentivar a las microempresas a contratar más personal, compensando la reducción de horas trabajadas por empleado. No obstante, las patronales han mostrado su escepticismo ante la eficacia de esta propuesta.

Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha sido uno de los más críticos, argumentando que las microempresas —especialmente aquellas con menos de diez empleados— no podrán soportar el impacto de esta doble medida. Según Amor, la bonificación no será suficiente para contrarrestar los efectos negativos, como el riesgo de que se proliferen los "minijobs", trabajos de baja remuneración y escasa estabilidad.

Además, la incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo esta bonificación ha sembrado dudas entre los actores sociales. Las patronales temen que esta política conduzca a una fragmentación del mercado laboral, con un incremento en la contratación precaria, en lugar de fomentar un empleo de calidad.

El Plan 375: ¿Una solución o más problemas?

Otro de los pilares de la propuesta gubernamental es el llamado Plan 375, diseñado para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a aplicar la reducción de jornada. A través de este plan, el Estado ofrecería formación y asesoramiento a las pymes para facilitar el proceso de transición. Sin embargo, esta medida ha sido recibida con escepticismo, especialmente por parte de las patronales, que cuestionan la capacidad del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) para gestionar este tipo de iniciativas.

El vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha criticado duramente el plan, señalando que "el SEPE apenas es capaz de insertar en el mercado laboral al 3% de los desempleados", lo que plantea serias dudas sobre su habilidad para asesorar a miles de empresas en la aplicación de la reducción de la jornada. Además, ha destacado que ya existen consultoras y despachos especializados en este tipo de asesoría, por lo que considera innecesario delegar esta función en un organismo público que, en su opinión, ha demostrado ineficacia.

Impacto en el empleo y la economía: un debate abierto

La reducción de la jornada laboral no solo genera incertidumbre en cuanto a su aplicación, sino también en torno a su impacto económico. Según un informe reciente, esta medida podría reducir el PIB de España en 18.000 millones de euros en los primeros dos años de su implementación. Además, los costes laborales adicionales asociados a la contratación de nuevos empleados y la compensación por las horas reducidas podrían afectar la competitividad de las empresas, especialmente en sectores que dependen de un alto volumen de mano de obra.

Por otro lado, algunos estudios señalan que la reducción de la jornada podría tener beneficios a largo plazo, como una mejora en la productividad y el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, el debate sobre si estos beneficios compensarán los costes iniciales sigue siendo uno de los temas más discutidos en la mesa de diálogo social.