El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha instado al Gobierno de España a que adopte de manera urgente medidas concretas para combatir lo que ha calificado como un "grave problema de ocupación ilegal" en la comunidad autónoma de Cantabria. Media sostiene que esta situación se ha vuelto "insostenible" y que, de no tomarse medidas inmediatas, existe el riesgo de que continúe extendiéndose por toda la región, afectando tanto a propietarios privados como a bienes de titularidad pública.

La solicitud de Media se produjo durante una visita oficial realizada esta mañana a la localidad de Argoños, donde en las últimas horas se ha registrado un nuevo caso de ocupación ilegal en una vivienda de propiedad del Gobierno de Cantabria, situada en la urbanización Las Llamas II. Este hecho, según ha explicado el consejero, es el octavo caso de ocupación ilegal en viviendas de titularidad autonómica en este municipio, lo que, a su juicio, refleja la magnitud del problema y la necesidad de una intervención urgente por parte del Ejecutivo central.

Un problema creciente en Cantabria

Durante su visita, Media destacó que el caso de Argoños es representativo de una problemática más amplia que afecta a distintas localidades de Cantabria y que genera una profunda preocupación entre la población. "Con esta nueva ocupación ya son ocho las viviendas propiedad del Gobierno, pagadas por todos los cántabros, que han sido ocupadas ilegalmente en este municipio. Este fenómeno no solo representa una violación de la propiedad pública, sino que también genera problemas de inseguridad que son intolerables para los vecinos", afirmó el consejero.

El consejero subrayó la gravedad de esta situación, advirtiendo que "se está produciendo una terrible inseguridad jurídica" en torno a la ocupación ilegal de inmuebles. Según Media, las bandas organizadas se aprovechan de las lagunas en la legislación vigente para entrar en propiedades particulares e incluso en propiedades del Gobierno, como ha sido el caso de Argoños, y que, a pesar de los esfuerzos, la administración se encuentra "incapaz de desalojarlas".

Una llamada a la acción nacional

Media utilizó la visita a Argoños para hacer un llamamiento a las autoridades nacionales, instando al Gobierno de Pedro Sánchez a modificar con urgencia la legislación vigente en materia de ocupación ilegal. En su opinión, la normativa actual resulta "ineficaz" para proteger los derechos de los propietarios, tanto públicos como privados, y permite que grupos organizados ocupen inmuebles sin consecuencias legales inmediatas. "Es imprescindible que el Gobierno de España adopte medidas urgentes y efectivas que permitan actuar con rapidez ante estos casos, para evitar que esta situación se siga extendiendo y afectando a más municipios", declaró el consejero.

Media también denunció que la situación actual está afectando negativamente al mercado de la vivienda en Cantabria, al desalentar a muchos propietarios a alquilar sus propiedades por temor a que sean ocupadas ilegalmente. "En Cantabria existen cerca de 50 mil viviendas libres que, en muchos casos, sus propietarios no se atreven a poner en alquiler ante el miedo de que cualquier persona deje de pagar y seamos incapaces de desalojarlos con la actual legislación", explicó Media.

El consejero de Fomento destacó que la ocupación ilegal no solo afecta a los propietarios individuales, sino también a las comunidades en su conjunto, creando un clima de inseguridad y deterioro en los barrios afectados. "Estas ocupaciones ilegales generan una sensación de inseguridad que se transmite a todos los vecinos. La presencia de personas que han entrado de forma ilegal en las viviendas, sin tener ningún derecho sobre ellas, afecta a la convivencia y al bienestar de los residentes", añadió.

Apoyo de los afectados y colectivos ciudadanos

Durante su visita a Argoños, Media estuvo acompañado por varios vecinos afectados por la ocupación ilegal y por representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Esta organización, que agrupa a personas que consideran que han sufrido algún tipo de perjuicio debido a la inacción o a las políticas de las administraciones públicas, ha mostrado su apoyo a las demandas del consejero y ha insistido en la necesidad de una reforma legislativa que permita actuar con mayor rapidez y eficacia en estos casos.

En su intervención, Media destacó que muchos de los inmuebles ocupados de manera ilegal en Cantabria habían sido previamente indemnizados por el Gobierno regional, tras una sentencia de derribo firme. "El Ejecutivo autonómico ya ha cumplido con sus obligaciones legales al indemnizar a los antiguos propietarios de estas viviendas, pero ahora nos encontramos con que estos inmuebles están siendo ocupados por personas que no tienen ningún derecho legal sobre ellos", afirmó el consejero. Esta situación, según Media, es "intolerable" y requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades nacionales.

Preocupación en el municipio de Argoños

Por su parte, el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, quien también estuvo presente durante la visita de Media, se sumó a las críticas contra la actual situación y denunció el impacto negativo que la ocupación ilegal está teniendo en su municipio. Barruetabeña describió cómo el crecimiento de las ocupaciones ilegales ha generado un clima de inseguridad y deterioro que afecta a todos los vecinos. "Argoños se parece ahora a un hotel de ocupas", afirmó el alcalde, señalando que muchos residentes viven con temor de que sus propiedades sean ocupadas en cualquier momento.

El alcalde explicó que la situación está generando una gran preocupación entre los habitantes del municipio, muchos de los cuales temen dejar sus viviendas vacías, incluso por cortos períodos de tiempo, ante el riesgo de que sean ocupadas ilegalmente. "La inseguridad es tal que los vecinos sienten miedo de irse de casa por unos días y encontrarla ocupada a su regreso", comentó Barruetabeña, quien pidió a las autoridades nacionales que actúen con rapidez para solucionar este problema.

Medidas necesarias para proteger la propiedad

Tanto Roberto Media como Juan José Barruetabeña coinciden en que la actual situación de inseguridad y ocupación ilegal requiere medidas urgentes por parte del Gobierno de España. Entre las propuestas planteadas, Media sugirió una reforma legislativa que permita a las autoridades desalojar a los ocupantes de manera más rápida y efectiva, especialmente durante las primeras horas de ocupación. Según el consejero, es necesario establecer mecanismos legales que permitan actuar de forma inmediata ante estos casos, evitando así que los ocupantes ilegales se consoliden en las propiedades.

Media también hizo referencia a la necesidad de fortalecer la cooperación entre las distintas administraciones y cuerpos de seguridad, para garantizar una respuesta más coordinada y eficaz ante la ocupación ilegal de viviendas. "Es fundamental que el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos trabajen juntos para desarrollar estrategias que permitan combatir este fenómeno de manera efectiva y proteger los derechos de los propietarios", sostuvo el consejero.

Por otro lado, Barruetabeña insistió en la importancia de actuar a nivel nacional para dar una solución a un problema que afecta a comunidades de todo el país. "No podemos permitir que esta situación continúe deteriorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Es necesario que el Gobierno de España tome cartas en el asunto y establezca un marco legal que garantice la seguridad y la protección de las propiedades", concluyó el alcalde.

Llamada a la movilización ciudadana

En el marco de su intervención, Media también apeló a la movilización de los ciudadanos afectados por la ocupación ilegal, instándoles a unirse y hacer oír su voz ante las autoridades nacionales. "Es importante que los ciudadanos se movilicen y exijan soluciones a este problema. No podemos permitir que esta situación continúe afectando a nuestras comunidades sin que se tomen medidas efectivas", declaró.

El consejero señaló que su departamento está dispuesto a colaborar con los vecinos y organizaciones como la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para impulsar un cambio en la normativa y poner fin a la ocupación ilegal de viviendas en Cantabria. "Estamos dispuestos a trabajar codo con codo con los afectados para encontrar una solución a este problema y garantizar que se respeten los derechos de todos los cántabros", afirmó.

La ocupación ilegal de viviendas en Cantabria se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades y los ciudadanos de la región. Con ocho casos registrados solo en el municipio de Argoños, el consejero Roberto Media ha solicitado al Gobierno de España que tome medidas urgentes para frenar este fenómeno. Las autoridades locales, como el alcalde de Argoños, también han expresado su preocupación por el impacto de las ocupaciones ilegales en sus comunidades, pidiendo una respuesta firme y coordinada a nivel nacional. Mientras tanto, los vecinos y colectivos afectados se movilizan para exigir soluciones y proteger sus derechos frente a una situación que consideran insostenible.