La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado la legalidad de las incursiones y registros realizados en las residencias del supuesto intermediario en el caso PSOE, el empresario Víctor de Aldama. En un dictamen que aborda con meticulosidad los pormenores del caso, los magistrados ratificaron la validez de las acciones llevadas a cabo en las viviendas de De Aldama, asegurando que el juez Ismael Moreno proporcionó una justificación exhaustiva para estas medidas.

El auto emitido por la Sala, también ha confirmado la prohibición de que el acusado venda o grave los vehículos intervenidos, entre los que se encuentran modelos de lujo como un Ferrari Portofino o un Ferrari F12. Esta decisión, de acuerdo con los jueces, se basa en la necesidad de asegurar los recursos financieros que podrían ser requeridos para cumplir con las responsabilidades pecuniarias derivadas del caso en cuestión.

En este sentido, la Sala ha subrayado que la "presunción de inocencia" del empresario es compatible con la adopción de medidas cautelares destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras durante la fase de instrucción del proceso judicial. Asimismo, los magistrados han hecho hincapié en el detallado relato proporcionado por el juez instructor del caso, el cual refleja los indicios delictivos que fundamentaron la autorización de los registros en las propiedades de De Aldama.

Entre los delitos señalados se encuentran la pertenencia a organización criminal, el blanqueo de capitales, el cohecho, el tráfico de influencias y los delitos contra la Hacienda Pública. Este extenso catálogo de acusaciones refuerza la decisión del juez de autorizar las acciones policiales en los domicilios del empresario.

Es importante destacar que, al momento de la entrada, el juez contaba con un conjunto de diligencias policiales que sugerían la posible existencia de evidencia relacionada con los delitos investigados o derivada de los mismos. La Sala ha argumentado que esta información proporcionaba una base sólida para justificar las incursiones en las propiedades de De Aldama, cumpliendo así con el requisito de fundamentación exigido por la ley.

Respecto al uso de la fuerza para acceder a las viviendas, la Sala ha explicado que, si bien no se autoriza expresamente la causación de daños en las puertas, esta eventualidad es inherente a la práctica de tales diligencias de investigación. Además, se ha enfatizado que la prohibición de causar daños innecesarios en las viviendas objeto de las medidas no vulnera ningún derecho a la propiedad o a la intimidad, siempre que dichas acciones se realicen dentro de los límites establecidos por el marco legal.

En cuanto a la recogida de efectos pertenecientes a la esposa de De Aldama, la Sala ha recordado que el auto de entrada y registro establecía claramente la finalidad de la medida y los objetos que debían ser incautados. Por lo tanto, se considera que esta acción se ajusta a lo dispuesto por el juez y no constituye una violación de los derechos de la esposa del empresario.

Finalmente, en lo que respecta a la prohibición de sacar beneficio de los vehículos incautados, la Sala ha argumentado la necesidad de conservar los bienes pertenecientes a los investigados como garantía para el eventual pago de las responsabilidades financieras derivadas del caso. Esta medida se adoptó con el fin de evitar la posibilidad de sustracción de bienes sujetos a la acción judicial.

En resumen, el dictamen emitido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respalda la legalidad de las acciones llevadas a cabo en las propiedades de Víctor de Aldama, proporcionando una justificación detallada y rigurosa para las medidas cautelares adoptadas en el marco de la investigación del caso PSOE.