El presidente del Tribunal Constitucional (TC) y el fiscal general del Estado han tomado decisiones que han favorecido al Gobierno, generando cuestionamientos sobre la integridad de sus respectivas instituciones. La llegada de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del TC, tras varias visitas a la Moncloa antes de su nombramiento, ha asegurado el control del órgano por parte de Pedro Sánchez, en un contexto donde la Corte ha tenido que resolver casos cruciales para el Gobierno.

Desde su nombramiento, se han anulado más de veinte sentencias de la Sala de lo Penal del Supremo, incluyendo once relacionadas con la "amnistía" a los principales responsables del fraude de los ERE de Andalucía. Esta semana, esta amnistía fue aprobada por siete miembros del Pleno del TC afines al Ejecutivo socialista.

Al asumir el cargo, Conde-Pumpido se aseguró de formar un bloque único en el TC, dejando sin representación institucional al ala conservadora, que cuenta con cuatro magistrados en minoría. Además, designó como vicepresidenta a Inmaculada Montalbán, quien ha estado detrás de fallos polémicos que han eximido de responsabilidad a los socialistas en el escándalo de corrupción más grande de la historia reciente de España, con 680 millones de euros malversados.

Conde-Pumpido ha tomado decisiones controversiales, en contra de la propia doctrina del TC y de los principios que él mismo defendió cuando era fiscal general del Estado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde su liderazgo, la oposición política no ha ganado ningún recurso contra las normas y decretos de Sánchez.

La Fiscalía, junto con el TC, ha sido fundamental en los planes de Pedro Sánchez para influir en la Justicia española, desafiando la independencia y la separación de poderes que Europa ha exigido a España en varios informes sobre la calidad democrática del país.

El dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía, aprobada para borrar las consecuencias del procés catalán a cambio de votos para la investidura, y el informe del GRECO, que pide medidas para asegurar la imparcialidad de jueces y fiscales, destacan estas preocupaciones. No obstante, el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, ha sido señalado por sus polémicos nombramientos y decisiones, afectando la credibilidad del Ministerio Público.

García-Ortiz intentó frenar los efectos de la ley del 'sí es sí' con un decreto que unificaba criterios para la revisión de sentencias, pero los tribunales rechazaron su postura, beneficiando a más de mil violadores y pederastas y liberando anticipadamente a más de cien de ellos.

Además, García-Ortiz facilitó la aplicación de la amnistía, negándose a cooperar con el Senado en la calificación de la norma, en contra de la voluntad del Consejo Fiscal. También apoyó la eliminación penal del procés, en contra del criterio de los fiscales del Tribunal Supremo y del TSJC. Irónicamente, García-Ortiz podría enfrentar una dimisión por un presunto delito de revelación de secretos.

Antes de su posible salida, García-Ortiz ha intentado asegurar la designación de Dolores Delgado en la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos, en lo que parece ser su último servicio a sus aliados.