En cuestión de minutos, se han conocido dos noticias que afectan directamente a su situación judicial y política. Por un lado, el Partido Popular (PP) ha anunciado que citará a Gómez a comparecer en la comisión de investigación sobre su cátedra en la Universidad Complutense, que se llevará a cabo en la Asamblea de Madrid. Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado luz verde para que el juez Juan Carlos Peinado continúe la investigación sobre presunta corrupción y tráfico de influencias en negocios vinculados a la esposa del presidente. Un inicio de semana que Gómez difícilmente olvidará.

La citación en la Asamblea de Madrid

La comparecencia de Begoña Gómez ante la Asamblea de Madrid está programada para el próximo 13 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo la primera sesión de la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en torno a su cátedra en la Universidad Complutense. Dicha comisión quedará constituida oficialmente este martes y será entonces cuando se confirme el calendario definitivo.

Según el Código Penal en su artículo 502, Gómez está legalmente obligada a presentarse en la Cámara de Vallecas el día estipulado. De lo contrario, incurriría en un delito de desobediencia, lo que podría acarrear consecuencias legales serias. El artículo establece claramente que “los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia”.

No obstante, su presencia en la comisión no garantiza que responda a las preguntas de los diputados. Según fuentes cercanas al caso, Begoña Gómez podría seguir la misma estrategia que adoptó la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien, en una situación similar, compareció pero se negó a declarar en una comisión de investigación, alegando que el asunto estaba judicializado.

La investigación judicial sigue su curso

Además de la citación en la Asamblea de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de continuar con la investigación judicial en curso contra Begoña Gómez. La causa está centrada en acusaciones de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y aunque no han trascendido todos los detalles, se sospecha que involucra contratos y actividades empresariales en las que Gómez habría jugado un papel clave debido a su relación con Pedro Sánchez.

El caso se mantiene en fase de instrucción, y aunque Gómez se negó a declarar cuando fue llamada por el juez, la Fiscalía Provincial de Madrid respaldó su derecho a no hacerlo. Esta estrategia ha sido utilizada en otros casos similares, permitiendo que los implicados no respondan a preguntas que puedan comprometer su defensa en el futuro.

El PP ha celebrado la decisión de la Audiencia, afirmando que “el caso de Begoña Gómez está más vivo que nunca”, en palabras de Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del partido. Según Bendodo, la investigación judicial demuestra que hay motivos suficientes para seguir profundizando en las posibles irregularidades cometidas por Gómez.

El paralelismo con el caso de Cristina Cifuentes

La situación que enfrenta Begoña Gómez recuerda el caso de Cristina Cifuentes, quien fue citada en 2018 a declarar en una comisión de investigación por el escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. En esa ocasión, la expresidenta de la Comunidad de Madrid compareció ante la comisión pero se negó a responder a las preguntas, argumentando que el caso estaba en manos de la justicia.

Cifuentes explicó en su momento que cualquier declaración que hiciera podría influir en el proceso judicial en curso, una táctica que los asesores legales de Begoña Gómez podrían estar considerando para proteger su posición. Si Gómez optara por declarar ante la Asamblea de Madrid, estaría obligada por ley a decir la verdad o, de lo contrario, enfrentaría una pena de prisión de entre seis meses y un año, tal como lo establece el artículo 502 del Código Penal.

Este precedente de Cifuentes podría servir de guía para Gómez, quien tiene la opción de comparecer y optar por no responder, basándose en que el asunto está bajo investigación judicial.

Reacción del PSOE y críticas a la comisión de investigación

La decisión del PP de citar a Begoña Gómez a declarar ha generado una fuerte reacción en el PSOE, especialmente en su rama madrileña. Juan Lobato, líder de los socialistas en Madrid, ha denunciado la comisión de investigación como un intento de “persecución personal” por parte del PP y Vox.

“Ya hemos visto de qué va esta comisión. Vox apunta, Ayuso dispara y Feijóo está a por uvas”, afirmó Lobato, refiriéndose a la alineación de intereses entre los partidos de derecha para, según él, utilizar las instituciones para atacar a Pedro Sánchez a través de su esposa. Lobato también criticó que en lugar de centrarse en temas importantes para los madrileños, como la educación pública, el PP y Vox estén dedicando tiempo a lo que calificó como una “comisión show” o “comisión espectáculo”.

El PSOE ha dejado claro que considera esta citación como una maniobra política y no como un ejercicio de transparencia o rendición de cuentas. Desde el entorno de Pedro Sánchez, se ha transmitido que el presidente se encuentra tranquilo, pero preocupado por el impacto que estas acciones pueden tener sobre su familia.