El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso presentado por la ex ministra Magdalena Álvarez contra su condena por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, lo que ha generado un significativo debate. La decisión del Tribunal se ha tomado con siete votos a favor y cuatro en contra, reflejando la división dentro del órgano judicial. Esta resolución abre la puerta a una posible "desjudicialización" parcial de la corrupción en la Junta de Andalucía.

La medida ha sido vista por algunos como un "indulto encubierto" del Gobierno hacia la corrupción en la región, una maniobra que, según fuentes cercanas al tribunal, lanza "un mensaje demoledor" al sugerir que ciertas prácticas ilegales pueden ser vistas con mayor indulgencia cuando son cometidas por aliados políticos. Esta opinión fue expresada por el medio El Debate, que adelantó que esta movida permitiría al presidente Pedro Sánchez evitar el desgaste político de aplicar un indulto directamente, en un momento en que su familia enfrenta investigaciones penales.

Cuatro magistrados del ala profesional, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez, César Tolosa y Enrique Arnaldo, han expresado su desacuerdo mediante un voto particular discrepante. No obstante, la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional, liderada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, avaló la resolución a favor de Álvarez. Esta decisión no solo revoca la sanción de inhabilitación de nueve años impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, sino que también sienta un precedente para reducir el castigo por delitos de prevaricación. Entre los beneficiados podrían estar los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El Tribunal Constitucional consideró que las resoluciones judiciales previas exageraron en la interpretación del delito de prevaricación en el contexto del ejercicio de la iniciativa legislativa. Según el Tribunal, las acciones de Álvarez no corresponden a una función legislativa en el sentido estricto, sino que deben ser vistas como decisiones de naturaleza política, que no están sujetas a control judicial.

El Tribunal Constitucional ya había anticipado en octubre de 2023 que este enfoque podría aplicarse a los casos de Chaves y Griñán. Este adelanto se basó en un dictamen técnico preliminar que fue posteriormente confirmado. Inmaculada Montalbán, quien jugó un papel crucial en la admisión de estos recursos, ha sido reconocida previamente por Griñán como hija predilecta de Andalucía.