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CRISIS MIGRATORIA

Crisis migratoria en Canarias: El Gobierno y la Fiscalía debaten sobre la atención a menores no acompañados

El Gobierno de Canarias niega haber abandonado a menores migrantes, garantiza que acatará las instrucciones de la Fiscalía y subraya que los centros de acogida están saturados, pidiendo cambios en el protocolo.
Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, Canarias. / Antonio Sempere
Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, Canarias. / Antonio Sempere
Crisis migratoria en Canarias: El Gobierno y la Fiscalía debaten sobre la atención a menores no acompañados

El Gobierno de Canarias ha rechazado las acusaciones de que los menores migrantes no acompañados están siendo abandonados, y ha asegurado que cumplirá con las directrices que emita la Fiscalía. El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez (Partido Popular), enfatizó que el ejecutivo no ha dejado ni dejará a estos menores en situación de desamparo.

Esta declaración surge en respuesta al reciente decreto de la Fiscalía Superior de Canarias, dado a conocer el viernes, donde se señala que se investigará si funcionarios de la Dirección General de Protección de la Infancia han incumplido con su responsabilidad de acoger a menores migrantes llegados en embarcaciones, en el marco del nuevo protocolo aprobado por el gobierno regional. La Fiscalía ha advertido que, en caso de ser necesario, identificará a las personas responsables y evaluará si ha habido algún tipo de infracción penal, incluyendo la posibilidad de delitos relacionados con el abandono de menores.

En relación a los flujos migratorios, esta misma mañana, Salvamento Marítimo informó de la llegada de un nuevo cayuco a la isla de El Hierro. En la embarcación viajaban 57 personas, entre ellas tres menores no acompañados. El dispositivo de emergencia sanitaria actuó de inmediato, atendiendo a todos los migrantes, y uno de ellos fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

En declaraciones previas a una reunión de la junta directiva autonómica del Partido Popular, acompañado por la vicesecretaria nacional de Organización del partido, Carmen Fúnez, el vicepresidente Domínguez subrayó que el nuevo protocolo tiene como objetivo que se cumpla la normativa vigente. "Queremos que se dejen de hacer las cosas como se venían haciendo hasta ahora", dijo Domínguez, y añadió que, en adelante, los menores migrantes deberán ser entregados por la Policía a un funcionario del gobierno autonómico, y no a organizaciones no gubernamentales. Además, destacó la necesidad de que esta entrega sea documentada con información detallada, incluyendo "fotografía, huella dactilar, nombre e identificación" de los menores.

Domínguez insistió en que el gobierno de Canarias está dispuesto a seguir proporcionando cuidados a los menores, bajo las directrices de la Fiscalía. "La Fiscalía podrá decirnos dónde tenemos que llevar a esos menores no acompañados, y estamos a disposición de seguir cuidándolos", afirmó. No obstante, señaló que los centros de acogida están al límite de su capacidad, y planteó: "¿Adónde los enviamos? ¿A centros que están saturados?".

Respecto a la posible visita del papa Francisco a Canarias, el vicepresidente recordó la visita previa que realizó al Vaticano junto con el presidente de la comunidad, Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El objetivo de esa visita, según Domínguez, era exponer al mundo la difícil situación que enfrenta el archipiélago debido a la llegada de migrantes, y buscar apoyo tanto de Europa como del Gobierno de España.

Por su parte, Carmen Fúnez reiteró el compromiso del Partido Popular con los ciudadanos canarios en relación con la crisis migratoria. "No vamos a dejar solos a los canarios", afirmó, y añadió que la situación migratoria no solo afecta a Canarias, sino que es un desafío para todos los españoles y también para la Unión Europea. Fúnez también hizo un llamamiento para defender el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas, y pidió una mayor financiación para garantizar que la atención a los migrantes no afecte la calidad de los servicios públicos para los canarios.

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