En un asalto a la democracia y a sus cimientos, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha alcanzado un acuerdo que ha sacudido los cimientos de la política española. Este pacto, que perdona los eventos del "procés" catalán desde 2012 hasta 2023, establece un "relator internacional" para supervisar su implementación y aborda la controvertida doctrina "lawfare", que critica el uso del sistema judicial para fines políticos.

El acuerdo se gestó con el objetivo de asegurar el apoyo de los siete diputados de Carles Puigdemont en el noveno aniversario del 9-N, la primera consulta ilegal celebrada en Cataluña. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de la mera política de coalición.

Este acuerdo, resumido en un documento de cuatro páginas con 120 líneas, ha sido calificado por algunos críticos como una serie de concesiones significativas por parte de Sánchez. De hecho, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo ha denominado como un acto de "defunción" del Partido Socialista, que ha tenido una larga historia de 110 años.

El compromiso de Sánchez de seguir en el poder tras una investidura programada para los próximos 15 y 16 de noviembre ha desatado un amplio rechazo en la sociedad española, particularmente entre jueces y fiscales, así como en sus respectivas asociaciones. Esta unanimidad de críticas, que va desde la izquierda hasta la derecha política, advierte sobre la erosión de la separación de poderes en España, una situación que no se había visto en mucho tiempo. Además, organismos como el CGPJ, los inspectores de Hacienda y de Trabajo, los letrados de la Administración de Justicia y el Colegio de Abogados de Madrid han expresado su malestar por las concesiones de Sánchez al independentismo catalán.

El acuerdo también plantea la posibilidad de un futuro referéndum en Cataluña, en el que se discutirá el "reconocimiento nacional" de la región. Carles Puigdemont aboga por una consulta de autodeterminación, mientras que los socialistas buscan el desarrollo del Estatuto de 2007 y una mayor autonomía para Cataluña. Este nuevo capítulo en las relaciones entre España y Cataluña se caracteriza por la incertidumbre y la necesidad de explorar territorios inexplorados.

En lo que respecta a la amnistía propuesta, que beneficiaría a todos los procesados por los eventos del "procés" desde 2012 hasta 2023, ha generado controversia. Aunque no se han revelado los detalles específicos del acuerdo, la duración del período en el que los independentistas podrán beneficiarse de la amnistía y la inclusión de la cuestión del "lawfare" plantean interrogantes sobre cómo afectará a figuras como la familia Pujol y el expresidente Artur Mas.

Para evitar la carga de explicar quiénes serán beneficiarios de la amnistía, el número tres de los socialistas, Santos Cerdán, dejó claro que será responsabilidad de los jueces determinar quiénes califican una vez que se apruebe la ley. Esto implica que figuras como Mas, condenado por la consulta ilegal del 9-N de 2014, podrían verse afectadas por esta medida.

El caso de la familia Pujol, que enfrenta cargos por corrupción y otros delitos relacionados con el dinero no declarado en cuentas en el extranjero, es aún más complejo. El acuerdo abre la posibilidad de que esta familia se beneficie de la amnistía, lo que ha generado preocupaciones en la sociedad.

El supuesto "lawfare"

Además, el reconocimiento de víctimas del supuesto "lawfare" podría llevar a la amnistía de figuras independentistas como Laura Borràs o el abogado Gonzalo Boye, quienes han enfrentado investigaciones y condenas por cuestiones no relacionadas con el "procés".

Es importante destacar que el PSOE ha tratado de aclarar que no tiene la intención de revisar sentencias ni fiscalizar a los jueces. Sin embargo, la polémica persiste, y algunos consideran que este acuerdo representa un ataque sin precedentes a la democracia española.

En resumen, este acuerdo entre el PSOE y Carles Puigdemont ha sacudido la política española y ha generado un debate apasionado sobre su impacto en la justicia, la política y la unidad del país. Las implicaciones a largo plazo de este pacto seguirán siendo objeto de discusión en los próximos meses y años. 

Estamos ante el principio del fin de la democracia

Santiago Abascal, líder de Vox, ha expresado su firme oposición al acuerdo entre el PSOE y Carles Puigdemont, declarando: "Tenemos el deber de resistir a un gobierno y a un tirano que va a obtener la investidura con todos los enemigos de España". Abascal ha añadido que "están intentando abolir el estado de derecho, estamos ante el principio del fin de la democracia, el mayor ataque a la unidad nacional del período democrático". Además, ha instado a que "tienen que oír la voz del pueblo español y tiene que resultarles imposible continuar adelante". Estas declaraciones reflejan la profunda preocupación de algunos sectores de la sociedad española ante las implicaciones de este acuerdo para la democracia y la unidad nacional.

1. El Acuerdo: El PSOE y Carles Puigdemont alcanzan un acuerdo político histórico que perdona todo el proceso independentista catalán desde 2012 hasta 2023. La amnistía, el papel de un relator internacional y la revisión de casos relacionados con el 'lawfare' son elementos clave de este pacto.

2. Amplias Cesiones: El acuerdo de cuatro páginas se caracteriza por un alto número de concesiones, según el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien acusa a Pedro Sánchez de ceder en exceso en aras de mantener su posición en La Moncloa. Ha señalado con contundencia que el acuerdo entre el PSOE y Carles Puigdemont representa una serie de concesiones significativas por parte del gobierno central. Según Moreno, de las 120 líneas que componen el pacto, "119 son cesiones", dejando en claro su desacuerdo con las decisiones tomadas. Además, ha advertido que este acuerdo marca "la defunción" del PSOE, un partido con 110 años de historia en España. Sus palabras resaltan la grave preocupación de algunos líderes políticos respecto a las implicaciones de este pacto para el futuro del país y de la política española.

3. Controversia y Oposición Generalizada: El pacto entre PSOE y Junts genera un amplio rechazo social y político. Jueces, fiscales, y diversas asociaciones expresan su preocupación por la posible injerencia en la independencia judicial y la separación de poderes, algo que no se veía en mucho tiempo. También se producen protestas en varias ciudades en contra de las cesiones de Sánchez al independentismo catalán.

4. Amnistía y Potencial Impacto: La amnistía propuesta beneficiaría a todos los procesados por el procés desde 2012 hasta 2023, incluyendo figuras como Laura Borràs y miembros de la familia Pujol. Sin embargo, se espera que los jueces determinen quiénes pueden acogerse a esta medida una vez que sea aprobada.

5. Futuro Incierto y Referéndum: El acuerdo abre la puerta a la posibilidad de un referéndum sobre el reconocimiento nacional de Cataluña en el futuro, con diferentes visiones entre Puigdemont y los socialistas sobre el alcance de este proceso. Queda por verse cómo se resolverá esta cuestión en el marco de la Constitución española y la unidad nacional.