El retorno de Carolina Darias a Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal, ha estado marcado por desafíos legales. Dos investigaciones por posibles casos de corrupción han centrado la atención en su gestión como alcaldesa. Aunque estos procesos judiciales no la implican directamente, han generado una creciente presión desde la oposición, que ha reclamado la adopción de medidas concretas, sin éxito hasta el momento.

Desde el verano, la Guardia Civil ha realizado varios registros en dependencias municipales de Las Palmas,, según publica The Objective, el más reciente de ellos durante esta semana, en el marco de la Operación Valka. Esta operación tiene como objetivo investigar presuntas irregularidades en materia de urbanismo. En junio pasado, el Partido Popular (PP) presentó una denuncia ante la Fiscalía por posibles irregularidades en las adjudicaciones de la Sociedad de Promoción de Las Palmas.

Los agentes de la Guardia Civil inspeccionaron esta semana seis oficinas municipales, entre ellas la gerencia de Parques y Jardines y la sede de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas (Geursa), entidad completamente gestionada por el ayuntamiento dirigido por Darias. Durante dos días, lunes y martes, se revisaron minuciosamente los contratos y convenios firmados entre 2002 y 2021, abarcando desde la última etapa de José Manuel Soria como alcalde hasta la actual administración.

La investigación se centra en la posible existencia de una estructura organizada destinada a beneficiar a ciertos empresarios mediante decisiones urbanísticas y administrativas presuntamente contrarias al interés público. También se está evaluando si se realizaron adjudicaciones fraudulentas de obras y contratos. Uno de los proyectos bajo escrutinio es el de Metroguagua, que debería haber finalizado en 2017 y cuya inversión ha superado los 180 millones de euros, duplicando lo presupuestado inicialmente.

Hasta la fecha, cinco personas están siendo investigadas en relación con estos hechos: cuatro empleados públicos (uno de ellos jubilado) y el empresario Felipe Guerra. Según el diario Canarias7, Guerra fue socio de Miguel Ángel Padrón, exjefe de Parques y Jardines, en la empresa EsVertical, la cual se constituyó hace una década y permaneció activa hasta octubre de 2021. Padrón, quien fue un alto cargo municipal entre mayo de 2005 y junio de 2020, no aparece vinculado a ninguna adjudicación directa, aunque se han registrado varias subcontrataciones a su empresa, incluso después de su disolución.

La Guardia Civil también ha estado investigando presuntas irregularidades en la urbanización Tamaraceite Sur desde el año pasado. De hecho, los registros en las dependencias municipales se produjeron poco después de que Darias asumiera la alcaldía. La Operación Valka es una derivación de este caso, ya que la Fiscalía ha identificado "hechos nuevos" que justifican su separación. Los delitos imputados incluyen prevaricación administrativa y urbanística, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. El origen de la investigación se remonta a mayo del año pasado, cuando la asociación vecinal Rehoyas Avanza denunció irregularidades en las permutas de terrenos en Tamaraceite Sur, expresando su temor de que este patrón pudiera repetirse en su barrio. Esta asociación ha instado a Darias a encargar una auditoría para revisar todos los convenios firmados por los investigados, medida que también cuenta con el respaldo de la oposición política.

David Suárez, portavoz de Coalición Canaria, ha expresado su sorpresa por la falta de acción de Darias en este asunto, a pesar de estar al tanto de que se han adjudicado contratos en diversas áreas a la sociedad investigada. "Es sorprendente que la alcaldesa no haya tomado cartas en el asunto", señaló Suárez, añadiendo que en Geursa aún trabajan varios de los imputados, uno de los cuales ocupa el puesto de gerente.

En una declaración reciente, Darias expresó su disposición a colaborar con la investigación, aunque aseguró desconocer los detalles específicos del caso. La alcaldesa subrayó que las irregularidades que se investigan habrían ocurrido desde principios de siglo, y señaló: "Hay alcaldías de todo signo y de todo color, ¿de cuál de ellas hablo?", en alusión a la variedad de administraciones que han gestionado la ciudad en las últimas décadas.

El PP ha sido particularmente crítico con la gestión de Darias en este asunto. La portavoz popular, Jimena Delgado, afirmó que, tras los registros, la alcaldesa debería haber anunciado "un análisis minucioso" de los expedientes implicados. Además, informó que su partido se personará en el caso. Delgado afirmó: "La alcaldesa ha salido para echar balones fuera, para decir que todo sucedió en la época del PP, pero los investigadores ponen el foco desde 2008".

Durante ese año, Darias ocupó brevemente el cargo de directora de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Las Palmas, antes de ser nombrada delegada del Gobierno en Canarias por José Luis Rodríguez Zapatero. Ocupó ese puesto hasta 2011, y más tarde, en 2020, asumió el cargo de ministra.

Darias ya enfrentó un registro en las dependencias municipales a finales de junio, cuando agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acudieron a la sede de la Sociedad de Promoción de Las Palmas tras una denuncia del PP ante la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia hacía referencia a presuntas irregularidades en varias adjudicaciones realizadas por esta empresa pública. Las anomalías investigadas se remontan en gran medida a la etapa de su predecesor, el también socialista Augusto Hidalgo.

Los populares han sostenido que en los últimos años se ha observado un fraccionamiento sistemático de contratos y un abuso de procedimientos que permiten eludir las normativas de contratación del Sector Público. Las alertas saltaron durante la organización del último carnaval, cuando se detectó que la Sociedad de Promoción realizó dos adjudicaciones por un valor total de 676.000 euros a través del procedimiento negociado sin publicidad, un método reservado para casos en los que solo una empresa puede prestar el servicio requerido.