El magistrado del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha dictado un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado «por razones legales». Esta decisión sigue el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, que reabrió la causa contra la exvicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y otros altos funcionarios de su departamento por el supuesto encubrimiento de abusos cometidos por su exesposo a una menor.

La resolución, consultada por Europa Press, concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral mediante un escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. Este procesamiento ocurre tras la decisión de la Audiencia de Valencia de admitir parcialmente los recursos de la acusación particular –la víctima del educador condenado por los abusos– y las dos acusaciones populares –Vox y la asociación Gobierna-te– al considerar que «no puede descartarse claramente» la posible infracción penal y existen indicios suficientes para procesar a los investigados.

El procedimiento contra Oltra y otras 15 personas fue archivado por el Juzgado de Instrucción 15 en abril pasado al no encontrar evidencia de delito ni de supuesto encubrimiento. No obstante, la Audiencia de Valencia sostiene la hipótesis plausible de que, cuando la noticia de los abusos llegó a la Conselleria de Igualdad, las personas informadas y bajo cuya protección se encontraba la menor habrían intentado ocultar los hechos. La magistrada Macarena Mira Picó, autora de la resolución, indica que se habrían basado en un informe «ficticio» que concluyó la inexistencia de indicios de abuso sin siquiera preguntar a la menor, quien habría relatado los abusos a terceros. Además, se omitió tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho a la Fiscalía, evitando así su intervención.

El tribunal sostiene que no se denunciaron hechos graves ni se protegió a la menor tutelada, exponiéndola a riesgo al reincorporar al educador acusado a su puesto en el centro de acogida. La resolución añade que no fue hasta tres meses después, cuando la menor relató los hechos a unos agentes de la Policía Nacional presentes en el centro por otro motivo, que se informó a la Fiscalía, la cual encontró indicios suficientes de abuso sexual y presentó la correspondiente denuncia, culminando en la condena del educador.

Por tanto, el tribunal considera que en este momento procesal no puede descartarse «de manera clara» la comisión de infracción penal derivada del incumplimiento del deber de denunciar y proteger a la menor tutelada por la Generalitat, con la finalidad de ocultar los abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida. Asimismo, se señala que en el juicio oral deberán esclarecerse las circunstancias específicas de los hechos y la tipificación penal que corresponda.

Finalmente, el tribunal aprecia indicios de posible delito en la formación de un expediente informativo, una vez judicializado el asunto, con el propósito de determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor. Este juicio será crucial para esclarecer la verdad y determinar la responsabilidad de los implicados en este grave caso.