El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dado un nuevo paso en el seguimiento de la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont al enviar a los juzgados de Barcelona los informes policiales que documentan su entrada en España y posterior fuga el pasado 8 de agosto. Estos informes, que Llarena considera relevantes para la investigación, apuntan a la posible comisión de varios delitos por parte de funcionarios públicos, entre ellos la omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento, delitos tipificados en los artículos 408 y 451.3.b del Código Penal.

Delitos de omisión del deber y encubrimiento

El magistrado del Tribunal Supremo no tiene competencias para llevar adelante esta investigación de manera directa, por lo que ha trasladado los documentos a los juzgados de Barcelona para que se determine si existen responsabilidades penales. Según Llarena, no se puede excluir la participación de otros responsables no aparentes en los delitos mencionados, lo que refuerza la necesidad de una investigación más exhaustiva en los tribunales catalanes.

Los informes, que ofrecen una visión detallada de las circunstancias que rodearon la aparición pública de Puigdemont en Barcelona, subrayan la posible participación de tres individuos en la fuga del expresidente catalán. Estos tres sujetos podrían haber tenido un rol activo en la evasión de Puigdemont, quien tras su breve estancia en España volvió a huir al extranjero, concretamente a Waterloo, donde ha residido desde su huida en 2017.

El informe policial y la fuga de Puigdemont

El juez Llarena, que ha sido el instructor del procés, ha subrayado en su providencia que los informes policiales entregados a los juzgados aportan una explicación detallada sobre las razones por las cuales Puigdemont no fue detectado y detenido al momento de su llegada a España. La policía autonómica catalana, en su informe, indica que existieron dificultades operativas para detener al expresidente debido a la gran aglomeración de personas en la que se encontraba cuando se unió a los manifestantes en los alrededores del Parlament de Cataluña.

No obstante, Llarena pone en duda algunos aspectos del informe, al señalar que los impedimentos alegados por la policía no explican completamente por qué no se logró detectar y detener a Puigdemont antes de que se uniera a la multitud. Según el magistrado, el dispositivo policial debería haber sido capaz de interceptarlo en su tránsito previo al encuentro con los manifestantes, lo que habría impedido su fuga posterior. Este punto es clave en la investigación, ya que sugiere que hubo margen para detenerlo antes de que volviera a huir del territorio español.

El contexto de la reapertura del caso

La entrada y posterior fuga de Puigdemont a principios de agosto coincidió con un momento de gran efervescencia política en Cataluña, marcado por la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Puigdemont hizo una breve aparición pública en Barcelona, tras más de seis años huido de la justicia, donde pronunció un discurso ante los manifestantes convocados por Junts, el partido independentista que él mismo lidera.

Su aparición fue un evento simbólico para el independentismo catalán, pero también una oportunidad para las autoridades de capturarlo y cumplir con la orden judicial de detención que pesa sobre él desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Tras su discurso en las inmediaciones del Parlament, Puigdemont desapareció nuevamente y se confirmó posteriormente que había vuelto a Waterloo, Bélgica, donde se ha refugiado desde que fue procesado en rebeldía.