La causa, impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, será evaluada por el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado de García Ortiz. Hasta la fecha, y tras la investigación preliminar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), sabíamos, por la declaración de la fiscal autonómica Almudena Lastra, que fue el titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, quien, haciendo uso de su posición y ascendencia jerárquica en la Institución, dio la "orden directa" de publicar una nota de prensa con datos protegidos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, además, se suma el hecho de que cuando el fiscal general del Estado dio dicha orden, tenía en su poder todos los correos electrónicos cruzados entre el abogado del empresario madrileño Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto, por entonces asignado a su causa penal, basada en un presunto delito de fraude tributario. García Ortiz los recibió en su correo personal –una cuenta con extensión gmail de Google– procedentes de la fiscal provincial Pilar Rodríguez, quien, a su vez, se los había pedido por WhatsApp y telefónicamente a Salto, quien tuvo que salir de un partido de la Champions League del Atlético de Madrid contra el Inter de Milán para enviárselos.

Esta práctica, además de chocante en un ámbito profesional, vinculado con una negociación para alcanzar un pacto de conformidad, incumpliría la Instrucción 1/2022 sobre protección de datos de la Fiscalía de Madrid, dictada por Almudena Lastra el 22 de junio de 2022. Esta instrucción exige como medida de seguridad de la documentación e información por las fiscales jefes: "Evitar el uso de cuentas privadas de correo electrónico para comunicaciones que contengan información y/o datos personales cuyo tratamiento sea consecuencia del ejercicio de la función pública atribuida al Ministerio Fiscal".

En el marco de la querella del novio de Díaz Ayuso, el juez Francisco José Goyena ha imputado al fiscal general por revelación de secretos y ha enviado la causa al Tribunal Supremo. Según ha podido confirmar El Debate, esto está recogido en varios de los documentos y transcripciones de los testigos que declararon ante Goyena, reflejándose en el dossier elevado al Alto Tribunal en forma de Exposición Motivada, para que se haga cargo del enjuiciamiento tanto de García Ortiz como de Rodríguez.

Ambos están señalados como presuntos autores de un delito de revelación de secretos, una vez la Sala Segunda del Supremo admita su competencia para asumir el caso, atendiendo a la condición de aforado del jefe de la Fiscalía.

Cabe recordar que la noche del miércoles 13 de marzo de este mismo año, hacia las 21:00 horas, el fiscal general del Estado pidió a la fiscal Pilar Rodríguez que el fiscal Julián Salto le enviase de manera inmediata los correos electrónicos intercambiados con el abogado de la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Salto se encontraba en el estadio Civitas Metropolitano asistiendo a un partido de Champions League cuando recibió la llamada de Rodríguez. Para cumplir con el trámite, Salto tuvo que retirarse y reenviar desde su teléfono móvil el contenido de las comunicaciones.

Una vez en poder de la fiscal jefe provincial de Madrid, y según obra en los autos a los que ha tenido acceso El Debate, Rodríguez habría procedido a reenviarle al propio García Ortiz la colección de e-mails divididos en tres bloques. Pero, en lugar de enviarlos a la cuenta de correo electrónico de la Fiscalía General del Estado, y supuestamente siguiendo indicaciones del fiscal general, Rodríguez los envió a una cuenta de Google Gmail privada de García Ortiz.

En su declaración como investigada ante el juez instructor Goyena, Rodríguez se negó a aportar dichos mensajes en los que reenviaba los correos recibidos del fiscal Salto al fiscal general García Ortiz. Sin embargo, confirmó al magistrado que no había informado al Delegado de Protección de Datos de la Fiscalía de que había procedido a enviar el contenido íntegro de las conversaciones establecidas entre un fiscal y un abogado, en el marco de una negociación para un pacto de conformidad en un proceso penal, a una cuenta de correo personal.

Tan sólo hora y media después de que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, recibiese y reenviase la información requerida al fiscal Salto –adscrito a la unidad de Delincuencia Económica–, la Cadena Ser se hizo eco de parte del contenido de los mismos. En concreto, a las 23:51 horas del mismo día 13 de marzo, la web de la radio recogía en una noticia cómo el novio de Díaz Ayuso había ofrecido a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos, de fraude fiscal y falsedad documental, para evitar el juicio.

La situación actual subraya las tensiones internas en la Fiscalía y plantea serias preguntas sobre el manejo de información sensible y la adherencia a los protocolos establecidos para la protección de datos personales.