Los fiscales encargados del juicio al procés han reiterado su negativa a aceptar la propuesta de amnistía planteada por García Ortiz, fiscal general del Estado. En una reunión este martes, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, junto a sus colegas Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, expresaron su discrepancia con la medida, sosteniendo que el expresidente catalán Carles Puigdemont sí tuvo ánimo de lucro y que sus acciones afectaron los intereses financieros de la Unión Europea.

Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, en el encuentro con el fiscal general, los cuatro fiscales reafirmaron su posición, ratificando lo expresado anteriormente en un documento entregado el 30 de mayo. En este documento, argumentaron que los actos de Puigdemont y otros líderes independentistas constituyeron un uso indebido de fondos públicos con el fin de promover objetivos inconstitucionales.

A pesar de las instancias del fiscal general, que solicitó un informe más detallado sobre la aplicación de la amnistía, los fiscales mantuvieron su criterio. De hecho, están dispuestos a recurrir a la Junta de Fiscales si su postura no es aceptada por García Ortiz, invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que les otorga ese derecho.

El juez instructor del caso, Pablo Llarena, también ha solicitado la opinión de las partes involucradas, incluidos los fiscales, sobre la pertinencia de aplicar la amnistía a los hechos imputados. La pregunta clave es si la malversación que se les atribuye a los acusados afecta los intereses financieros de la Unión Europea, lo que podría excluirlos de la medida de amnistía.

Los fiscales del procés, en su documento inicial, sostuvieron que la amnistía no debería aplicarse a los delitos de malversación, ya que estos afectaron directamente los intereses financieros de la UE. Sin embargo, consideran factible aplicarla a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos relacionados específicamente con el proceso independentista catalán.

En última instancia, los fiscales deberán presentar sus informes al teniente fiscal del Supremo y al fiscal general del Estado antes de responder a la solicitud del juez Llarena.