El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el cual asume la responsabilidad de la nota de prensa relacionada con la causa abierta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito fiscal.

En el documento, García Ortiz explica al juez que lleva la causa en el TSJM que dicha nota de prensa se emitió con su autorización y bajo sus "instrucciones expresas y directas". Además, sostiene que no tiene competencias para investigarlo, algo que corresponde al Tribunal Supremo.

García Ortiz responde al magistrado instructor, quien había solicitado a la Fiscalía Provincial de Madrid información sobre "quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable en rango de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado". En este sentido, García Ortiz ya había asumido la responsabilidad de la nota de prensa durante un acto institucional en la sede de la Fiscalía el 15 de abril. Esta declaración, dirigida a aclarar su "notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa", fue aportada a la causa en curso en el TSJM por el Fiscal Superior encargado del procedimiento.

El Fiscal General reitera que la nota se emitió "para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario Fiscal", además de cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. También recuerda que la nota no contiene información que no hubiese sido publicada previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada. Según García Ortiz, resulta "cuando menos sorprendente" que solo los integrantes del Ministerio Fiscal sean investigados judicialmente por estos hechos. En el escrito remitido al TSJM, se destaca que los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ya "circulaban sin contención alguna por las redacciones de varios medios de comunicación".

"Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como Fiscal General del Estado —cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124.1 CE)— no puedo consentir ni tolerar", asegura García Ortiz en su escrito.