La polémica en torno a la decisión del Gobierno de posponer la publicación de la ley de amnistía en el BOE continúa generando debate. Alberto Núñez Feijóo, por segundo día consecutivo, acusó a Pedro Sánchez de retener la normativa hasta después de las elecciones europeas, con el propósito de evitar cualquier intervención judicial previa al sufragio ciudadano. Este martes, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, solicitará explicaciones sobre este retraso a la ministra portavoz, Pilar Alegría.

Los socialistas son conscientes de la expectativa en el Tribunal Supremo, especialmente después del juicio a los líderes del procés, quienes esperan la entrada en vigor de la normativa para presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. Por lo tanto, evitan que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, tenga la oportunidad de hacerlo antes del 9 de junio.

El Supremo y otros tribunales deben aguardar, al igual que el PP, quienes tienen previsto presentar varios recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional tan pronto entre en vigor la ley de amnistía. Mientras tanto, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, minimiza la polémica, argumentando que se sigue el procedimiento habitual, que demora aproximadamente 10 días desde su aprobación hasta su publicación.

Sin embargo, se evidencia una discrepancia con la supuesta normalidad del procedimiento. El PSOE ha ignorado ciertos procedimientos cuando ha sido conveniente, como lo ilustran casos recientes como la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación, así como la ley del ‘solo sí es sí’. Aunque el Gobierno argumenta que se está siguiendo el procedimiento habitual, basado en un promedio de 10 días entre la aprobación y la publicación, la realidad es que ha habido casos recientes en los que se ha omitido esta norma, lo que genera cuestionamientos sobre la verdadera razón detrás del retraso.