González Amador ha anunciado que presentará una demanda por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad. La acción legal se debe a las declaraciones que Montero realizó el pasado 12 de marzo en el Senado, durante la sesión de control al Gobierno, donde sugirió irregularidades relacionadas con la situación fiscal y patrimonial de González Amador y su relación con Ayuso. Esta demanda se interpondrá ante el Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de Montero, quien es ministra y diputada.

El origen del conflicto: declaraciones en el Senado

El origen del conflicto judicial radica en las declaraciones que María Jesús Montero realizó en el Senado, donde pidió explicaciones a Isabel Díaz Ayuso sobre la propiedad del piso en el que residía, afirmando que dicho inmueble había sido adquirido, supuestamente, con dinero obtenido a través de un fraude fiscal. Según la ministra, este presunto fraude estaría vinculado a las comisiones obtenidas durante la compra de mascarillas en plena crisis sanitaria por la COVID-19. Montero, en una intervención que generó polémica, señaló que parecía «llamativo» que Ayuso «tenga un hermano y ahora un novio que parece estar relacionado con presuntas causas de fraude, ya sean por mascarillas, comisiones u otras cuestiones». Además, en un tono que buscaba cuestionar la transparencia de la presidenta madrileña, Montero instó a Ayuso a dar explicaciones sobre este asunto, sugiriendo que la presidenta debía responder «con normalidad» y preguntando: «¿Por qué no responde a esta cuestión?».

Estas declaraciones fueron percibidas por Alberto González Amador como un ataque directo a su honor y reputación, lo que motivó a que tomara acciones legales. González sostiene que las afirmaciones de Montero, además de ser falsas y dañinas, vulneran su derecho a la intimidad, ya que, según su versión, no existe relación entre su patrimonio y las acusaciones vertidas sobre supuestas irregularidades fiscales relacionadas con la pandemia. La información que Montero utilizó en su intervención parece provenir de un artículo publicado por el diario elDiario.es, que reportaba que la Fiscalía había presentado una denuncia contra González Amador por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros. El informe también señalaba que Hacienda investigaba las circunstancias en torno a la adquisición del piso en el que la pareja de Ayuso residía, aunque en dicho artículo no se mencionaba que el apartamento hubiera sido pagado con los 350.000 euros supuestamente defraudados, como sugirió la ministra en el Senado.

El acto de conciliación fallido y la demanda

Ante las declaraciones de Montero, Alberto González Amador interpuso una reclamación previa, solicitando una indemnización de 40.000 euros por los daños a su honor e intimidad, y exigiendo una retractación pública por parte de la ministra. Este proceso, conocido como acto de conciliación, se celebró el día de hoy, pero quedó sin efecto debido a que Montero no acudió al mismo. El acto de conciliación es un paso previo obligatorio antes de presentar una demanda formal, que ahora seguirá su curso.

Dado que Montero no se presentó para intentar llegar a un acuerdo, el equipo legal de González Amador procederá a interponer la demanda civil ante el Tribunal Supremo, el único tribunal competente para juzgar a miembros del Gobierno y diputados en virtud de su fuero parlamentario. Fuentes jurídicas han confirmado que la demanda se fundamentará en la presunta intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de González Amador, con especial énfasis en la protección de su honor y su intimidad, que habrían sido vulnerados por las declaraciones públicas de la ministra.

El equipo legal de González también podría incluir en la demanda una solicitud de reparación económica, además de una exigencia de disculpas públicas, con el objetivo de restaurar la imagen y reputación de su cliente. No obstante, no se descarta que ambas partes puedan llegar a un acuerdo en los próximos días, aunque el hecho de que el acto de conciliación no haya prosperado indica que este escenario es, por ahora, poco probable.

Posible querella por revelación de secretos

A esta demanda civil se suma la posibilidad de que el equipo legal de González Amador interponga una querella por revelación de secretos, después de que se hicieran públicos algunos de sus datos fiscales. Aunque no se ha confirmado si Montero está directamente implicada en la filtración de dicha información, el equipo jurídico de González cree que podría haber responsabilidades en torno a cómo ciertos datos personales y fiscales llegaron a los medios de comunicación y al discurso público.