La Guardia Civil ha detenido este lunes a Víctor Aldama, conocido por su papel como el "conseguidor" en la trama Koldo, en el marco de una operación a gran escala por su presunta implicación en una red de fraude en el sector de los hidrocarburos, que habría defraudado a Hacienda un total de 182 millones de euros en un periodo de dos años. Aldama, quien también fue presidente del Zamora Club de Fútbol, está siendo investigado por su rol de intermediario dentro de este complejo entramado empresarial que está bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

La operación comenzó a primera hora de la mañana y se ha desplegado principalmente en varias provincias españolas, incluyendo Madrid, Salamanca y Cáceres. Hasta el momento, las autoridades han detenido a 14 personas y han llevado a cabo 11 registros en domicilios y sedes de empresas presuntamente involucradas en la trama de fraude fiscal.

Víctor Aldama es una figura que ya había estado en el punto de mira en el conocido caso Koldo, una investigación que sacó a la luz irregularidades en las adjudicaciones de contratos de compra de mascarillas y otros equipos médicos durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19. En ese escándalo, Aldama fue considerado un comisionista clave, encargado de mediar entre empresas y el gobierno para facilitar la concesión de contratos en circunstancias turbias.

Según han indicado fuentes próximas a la investigación, la actual operación se centra en un entramado societario que, en los últimos dos años, ha logrado defraudar al fisco español 182 millones de euros a través de operaciones fraudulentas en el sector de los hidrocarburos. Este fraude no solo involucra cuotas impagadas a la Agencia Tributaria, sino también un esquema complejo de blanqueo de capitales que permitió a los implicados desviar importantes sumas de dinero.

La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado, a través de un comunicado, que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 está llevando la investigación de este caso, que afecta directamente a uno de los sectores más estratégicos de la economía española: los hidrocarburos. Esta red de fraude no solo ha perjudicado a las arcas públicas, sino que también ha permitido que sus integrantes se posicionen en "determinados estamentos con diferentes esferas de poder", logrando con ello un nivel significativo de corrupción sobre funcionarios de la Administración, según se detalla en el informe de la Fiscalía. Las diligencias relacionadas con este caso se mantienen bajo secreto de sumario, lo que indica la gravedad y la magnitud de la operación en curso.

El papel de Víctor Aldama ha cobrado mayor relevancia con el paso de los meses. Su vinculación con figuras de poder lo ha situado en el epicentro de varias investigaciones, como la relacionada con su proximidad a altos cargos del Gobierno durante la pandemia, donde supuestamente se benefició de contratos para la compra de suministros sanitarios. Sin embargo, su implicación en la trama de los hidrocarburos supone una escalada en el tipo de actividades delictivas por las que se le investiga, y su detención es vista como un golpe importante a esta organización criminal.

Además, esta operación vuelve a poner en el foco a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, quien este mismo lunes ha declarado en la Audiencia Nacional en relación a los vínculos que Aldama mantenía con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según fuentes judiciales, Pardo de Vera admitió que Aldama mantenía reuniones regulares con Ábalos en el Ministerio de Transportes, lo que ha llevado a los investigadores a considerar que su influencia y capacidad de mediación llegaba hasta las más altas esferas del poder.

La relación entre Aldama y el exministro de Transportes se ha convertido en uno de los ejes de la investigación, y aunque por el momento no se ha determinado la implicación directa de Ábalos en las actividades fraudulentas del sector de los hidrocarburos, los investigadores no descartan que el "conseguidor" utilizara sus contactos para facilitar operaciones en sectores clave de la economía española. Esta nueva ramificación del caso está siendo seguida de cerca tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la UCO, que siguen desentrañando los múltiples hilos de esta compleja trama.

Según el comunicado oficial de la Fiscalía, la magnitud del fraude en el sector de los hidrocarburos, que ha alcanzado cifras multimillonarias, ha permitido a la red desarrollar un entramado que podría tener conexiones con otras actividades ilícitas, dada la alta capacidad de corrupción que poseían dentro de la administración pública. Esta trama, advierten los expertos, podría implicar a más actores políticos y empresariales en los próximos meses, a medida que avance la investigación.

Finalmente, los expertos señalan que este tipo de operaciones fraudulentas, sobre todo en sectores estratégicos como el de los hidrocarburos, no solo afecta la recaudación fiscal del Estado, sino que también socava la confianza en las instituciones públicas, dada la posible connivencia de altos cargos del Gobierno en la facilitación de estos fraudes. La operación sigue en curso, y no se descartan nuevas detenciones y registros en los próximos días.

Este caso representa un nuevo revés para la imagen del Gobierno en un contexto ya marcado por diversos escándalos relacionados con la gestión de contratos públicos durante la pandemia.