El avance de la Ley de Amnistía, propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y clave para la "normalización" política y social en Cataluña, enfrenta crecientes obstáculos legales tanto en el ámbito europeo como en el nacional. Aunque algunos confiaban en que el Tribunal Constitucional (TC), dominado por una mayoría progresista, ratificase rápidamente la amnistía, las últimas decisiones del Tribunal Supremo y la posible intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) complican considerablemente su aplicación inmediata.

La amnistía, diseñada para limpiar los antecedentes penales de figuras del procés como Carles Puigdemont, ha encontrado resistencias en el Tribunal Supremo. Este tribunal ha confirmado en recientes autos, incluyendo uno redactado por el magistrado Manuel Marchena, que no aplicará la amnistía en casos de malversación agravada, a la espera de que el TJUE se pronuncie. Esta postura del Supremo desacelera el proceso y pone en riesgo los plazos que Junts y otros partidos independentistas esperaban para regresar a la política española sin trabas judiciales.

El Supremo, en su resolución del 30 de septiembre, señaló que la aplicación de la amnistía, especialmente en el caso de la malversación, podría tener que pasar primero por una consulta prejudicial ante Europa, lo que retrasa aún más la implementación de la ley. Este retraso es especialmente preocupante para Puigdemont, que esperaba un perdón total que le permitiera volver a España sin temor a ser detenido.

A esto se suma la reciente intervención del TJUE en otros casos, que refuerza la primacía del Derecho europeo sobre las decisiones de los tribunales constitucionales nacionales, incluido el español. Esto significa que, si el Tribunal de Cuentas español plantea una consulta al TJUE sobre la malversación, la decisión del tribunal europeo sería vinculante, incluso si contradice lo dictaminado por el Constitucional español. Esta primacía otorga un poder decisivo a Europa, restando margen de maniobra a la Corte de Garantías española y, por tanto, al propio Gobierno de Sánchez.

El Supremo ha dejado claro que, de aprobarse la amnistía para delitos como la malversación, el tribunal no dudará en acudir al TJUE para solicitar una interpretación final del derecho de la Unión Europea. En caso de conflicto entre lo que dictamine el Constitucional y lo que establezca Europa, prevalecerá la decisión del TJUE, complicando aún más el ya difícil camino de la amnistía.

Por otro lado, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el propio Supremo también podrían actuar para asegurar que cualquier resolución sobre la amnistía cumpla con los requisitos legales establecidos a nivel europeo, algo que puede prolongar el proceso hasta dos años. Un plazo inasumible para los independentistas y para Puigdemont, quienes esperaban una resolución rápida que permitiera su regreso antes del fin de la legislatura.

Por tanto, unque el bloque izquierdista del TC pueda maniobrar para asegurar una mayoría que respalde la amnistía, la última palabra no la tendrá este tribunal. El Supremo y, sobre todo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrán un papel crucial en definir el alcance de esta polémica ley. Esta complejidad jurídica resta margen al Gobierno de Sánchez, que ahora ve cómo sus socios independentistas presionan para que la ley se aplique de inmediato, algo que se antoja complicado dada la creciente intervención de los tribunales.