La Guardia Civil ha sacado a la luz una serie de revelaciones preocupantes en torno a la presunta implicación del actual presidente de Adif, Ángel Contreras, en la trama conocida como Koldo. Según los informes remitidos al juez que lleva el caso, se ha establecido una conexión entre Contreras y Koldo García, quien habría contactado con él para influir en la adjudicación de un contrato público en beneficio de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Este entramado, que ha sido objeto de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría operado con la supuesta participación de altos cargos de Adif y exasesores del Ministerio de Transportes. En concreto, se ha revelado que Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, habría mantenido conversaciones con Contreras, quien en ese momento ocupaba el cargo de director de Conservación y Mantenimiento de Adif. Posteriormente, Contreras ascendió a la presidencia de Adif en diciembre, tras una propuesta del actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

Las conversaciones interceptadas entre el administrador de OPR, Daniel Fernández, y Koldo García arrojan luz sobre presuntas maniobras para favorecer a esta empresa en la adjudicación de contratos públicos relacionados con infraestructuras ferroviarias. En estos diálogos, se hace referencia a una persona identificada como "Ángel", quien se cree que es Ángel Contreras, y se solicita su intervención para garantizar que OPR sea beneficiada en los procesos de licitación.

La UCO ha destacado en su informe el uso de varios dispositivos móviles por parte de Koldo García, así como el borrado de mensajes en un aparente intento de obstaculizar la investigación. Estos hallazgos refuerzan las sospechas de que altos cargos de Adif podrían haber influido indebidamente en la adjudicación de contratos públicos, lo que ha generado un profundo escrutinio sobre la gestión de la empresa estatal.

La investigación también ha revelado la existencia de contactos entre Koldo García y el hermano del administrador de OPR, Antonio Fernández, quien anteriormente ocupó el cargo de coordinador de la delegación del Gobierno de Andalucía. Estos contactos, junto con las conversaciones entre Koldo García y Ángel Contreras, sugieren una red de influencia que habría operado para obtener ventajas indebidas en los procesos de contratación pública.

Ante estos hallazgos, el ministro de Transportes ha anunciado una auditoría interna en su departamento para depurar responsabilidades y garantizar la transparencia en los procesos de contratación. Además, se espera que el caso continúe siendo investigado en profundidad para determinar la existencia de posibles irregularidades y llevar a los responsables ante la justicia.