El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha lanzado un contundente mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayando que los nombramientos de altos cargos judiciales deben permanecer bajo la competencia exclusiva del CGPJ. En declaraciones emitidas hoy, Guilarte hizo hincapié en la importancia de evitar cualquier intento del Ejecutivo de influir en el proceso judicial.

Guilarte comunicó esta mañana al Congreso y al Senado su propuesta actualizada para modificar el sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos dentro del Poder Judicial, así como para designar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, según reportó Europa Press y confirmó el propio Poder Judicial.

El presidente del CGPJ defendió que "no tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas", refiriéndose al periodo en que el Ministerio de Justicia tenía mayor injerencia en los nombramientos judiciales. Además, enfatizó la necesidad de aclarar cualquier ambigüedad respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno, advirtiendo que cualquier intento de influencia sería "aterrador y directamente encaminado a evitar cualquier acuerdo".

Recientemente, Pedro Sánchez había expresado su intención de que el Congreso sea quien elija al presidente del Tribunal Supremo en lugar de que esta responsabilidad recaiga en el CGPJ, una propuesta que ha generado un intenso debate dentro y fuera del ámbito judicial.

En abril, Guilarte había propuesto un sistema donde los magistrados del Tribunal Supremo serían nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y magistrados del propio tribunal, presidida por un especialista en la materia o por un vocal magistrado del Supremo si está disponible. Esta comisión estaría limitada en cuanto a la participación de vocales del CGPJ, asegurando que solo aquellos con la capacitación adecuada formen parte del proceso de selección.

La propuesta de Guilarte busca equilibrar la independencia judicial con la necesidad de un proceso de nombramiento transparente y objetivo, evitando cualquier tipo de presión política sobre el poder judicial, un principio fundamental en un estado de derecho.