Illa ha dejado claro desde el principio de su mandato que su enfoque se centra en asegurar que los Mossos d'Esquadra puedan llevar a cabo su labor "alejados de la confrontación política". Esta declaración no es casual ni aislada; refleja una respuesta directa a las tensiones políticas que han marcado a Cataluña en los últimos años, especialmente tras el referéndum de independencia de 2017 y la subsiguiente reacción judicial y policial.

El nuevo presidente se enfrenta al reto de gobernar en una comunidad profundamente dividida, donde la cuestión de la independencia sigue siendo un tema polarizante. La seguridad y el papel de los cuerpos policiales han sido objeto de debate continuo, especialmente en relación con cómo se gestionan las órdenes judiciales, la respuesta a las protestas, y la percepción de parcialidad política en las fuerzas de seguridad. En este contexto, Illa ha querido enviar un mensaje claro: los Mossos d'Esquadra deben ser una fuerza profesional, centrada en su tarea principal de garantizar la seguridad pública, y no una herramienta en las disputas políticas.

Un compromiso con la profesionalización

Durante su visita, Illa hizo hincapié en que, aunque Cataluña tiene "una buena policía", siempre hay margen para hacer las cosas mejor. Este comentario va de la mano con su compromiso de aumentar la plantilla del cuerpo de Mossos d'Esquadra, que actualmente cuenta con aproximadamente 18.000 efectivos, hasta los 22.000 agentes para el año 2030. Este incremento no es solo una cifra, sino una muestra del enfoque del gobierno en fortalecer las capacidades operativas y de respuesta del cuerpo policial en toda la región.

El anuncio de esta expansión de la plantilla viene en un momento en que la seguridad es una preocupación creciente en Cataluña. La región ha experimentado un aumento en los incidentes de delincuencia, junto con desafíos relacionados con la gestión de grandes concentraciones de personas, protestas y la implementación de órdenes judiciales controvertidas. Con más agentes, se espera que los Mossos puedan mejorar su capacidad de respuesta y su presencia en áreas críticas.

Además, este aumento de personal también está alineado con el objetivo de garantizar que la policía catalana sea vista como una fuerza imparcial y dedicada exclusivamente a la protección de todos los ciudadanos, independientemente de sus posiciones políticas. Illa ha subrayado que su gobierno se guiará por tres principios clave: la mejora de los servicios públicos, la seguridad como un derecho universal, y el progreso social y económico. Estos principios reflejan una visión de gobierno que busca equilibrar la eficacia administrativa con un enfoque humanista y centrado en las necesidades de la ciudadanía.

La relación con los Mossos y el clima de confianza

Otro aspecto central de la visita de Illa al complejo policial fue su énfasis en generar una "confianza recíproca" entre el Govern y los Mossos. Esta confianza, según Illa, es esencial para que el cuerpo policial pueda operar de manera efectiva y sin la carga de presiones externas o expectativas políticas. Este punto es particularmente relevante en un momento en que los Mossos han estado bajo el escrutinio público, tanto por su actuación en protestas políticas como por su papel en la implementación de órdenes judiciales controvertidas, como las relacionadas con la detención de líderes independentistas.

Illa se comprometió a escuchar las necesidades e inquietudes de los agentes antes de tomar decisiones que puedan afectar su trabajo. Esto incluye la promesa de crear un entorno en el que los agentes puedan realizar su labor con "rigor y en un clima de serenidad". Para Illa, este es un paso crucial hacia la construcción de una relación más sólida y efectiva entre el gobierno y las fuerzas de seguridad, una relación basada en el respeto mutuo y la profesionalidad.

La mención de Illa a la necesidad de respeto y serenidad en el trabajo de los Mossos es un reflejo de los desafíos que el cuerpo ha enfrentado en los últimos años. La crisis derivada del intento de implementar la orden del Tribunal Supremo para detener al expresidente Carles Puigdemont es un ejemplo claro de cómo las tensiones políticas pueden afectar el funcionamiento operativo de las fuerzas de seguridad. La fallida implementación de dicha orden generó una crisis interna en el cuerpo y puso en evidencia las dificultades de operar en un entorno altamente politizado.

Una nueva etapa en la seguridad ciudadana

Salvador Illa ha declarado que Cataluña, con el nuevo Govern, ha iniciado una "nueva etapa" en su trayecto hacia el autogobierno y en la manera de afrontar la seguridad ciudadana. Este comentario resuena profundamente en un contexto en el que la seguridad ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos años, especialmente en relación con cómo las fuerzas de seguridad manejan las situaciones de orden público y cómo se alinean (o no) con los valores democráticos y los derechos humanos.

Illa ha subrayado que su gobierno buscará siempre mejorar, aunque no ha especificado cómo se abordarán algunos de los problemas más urgentes, como la percepción de parcialidad política en las fuerzas de seguridad o la necesidad de mejorar la formación y los recursos de los agentes. Sin embargo, su compromiso de aumentar la plantilla y de fortalecer la relación de confianza entre el gobierno y los Mossos son pasos en la dirección correcta.

Un tema que quedó sin aclarar durante la comparecencia de Illa fue el futuro del Mayor Josep Lluís Trapero, quien estaba presente durante la visita pero cuyo nombramiento como director general del cuerpo aún no ha sido confirmado. La figura de Trapero es emblemática y su futuro en el cuerpo es un tema de gran interés tanto para los agentes como para la ciudadanía en general.