El magistrado del caso  PSOE interrogará esta semana a dos ex altos cargos del Ministerio de Transportes, quienes han sido citados como investigados. El miércoles, el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, recibirá las declaraciones del exjefe de personal de ADIF, Michaux Miranda, y del expresidente de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. La citación de Sánchez Manzanares había sido originalmente programada para el martes, pero fue reagendada para el miércoles.

Además, el juez también tiene previsto tomar declaración el lunes a Jesús Manuel Gómez, quien fue subsecretario de Estado de Transportes, pero su comparecencia ha sido postergada hasta el 23 de septiembre, según publica El Debate. Esta modificación se dio después de que Gómez decidiera apartar a la Abogacía del Estado de su defensa.

El caso también incluye la declaración de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, quien será interrogado el jueves en calidad de testigo. El viernes, el magistrado continuará con las audiencias, tomando declaración a otros testigos relevantes en el caso, entre ellos el presidente actual de Puertos del Estado, Francisco Toledo, la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos del mismo organismo, Aránzazu de Miguel, y la jefa del departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado, María Belén Caballero Martínez.

Estas citaciones forman parte de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción solicitó a finales de mayo. En su petición, la fiscalía indicaba que, según un informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigados "podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes encargados de adjudicar los contratos de suministro de mascarillas". Este proceso judicial está centrado en ocho contratos adjudicados durante la pandemia, con un valor total de 51.998.434 euros.

Uno de los investigados clave en este caso es Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, quien es investigado por su supuesta participación en una red que habría pagado comisiones para obtener contratos de venta de mascarillas durante la crisis sanitaria. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado la posible comisión de delitos como organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.