El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha requerido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) información detallada sobre la cátedra "Transformación Social Competitiva", en la que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ejerce como codirectora. El magistrado ha solicitado datos sobre los pagos realizados tanto a Gómez como al resto de los docentes implicados en el proyecto, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La investigación, que también afecta al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al empresario Juan Carlos Barrabés, busca esclarecer las posibles irregularidades vinculadas a la gestión de esta cátedra universitaria. Según El Debate, el juez Peinado ha dictado varias providencias que incluyen una petición formal a la UCM para que informe sobre la "relación de cantidades pagadas" no solo a Begoña Gómez, sino también al director adjunto, el profesor José Manuel Ruano, y al resto de los profesores que participaron en la impartición de las clases.

Números de matriculados y fondos de la cátedra en el foco

Además de la información sobre los pagos a los docentes, el juez ha solicitado a la universidad que le facilite el número de alumnos matriculados en cada una de las ediciones de la cátedra, con el objetivo de comprender mejor el alcance de este proyecto académico. Asimismo, Peinado ha requerido los "expedientes de concesión de la subvención para el patrocinio de la creación" de la cátedra, ya que esta fue financiada, al menos en parte, por entidades privadas como la Fundación La Caixa y la compañía de seguros Reale.

El interés del juez por esta información sugiere que la investigación podría estar explorando si los fondos destinados a la cátedra y los pagos realizados a los docentes, incluidos Begoña Gómez y José Manuel Ruano, se gestionaron de manera transparente. La presunta implicación de Gómez en esta investigación ha generado una gran expectación mediática, dado que la esposa del presidente ha sido una figura pública con presencia en diversos ámbitos académicos y empresariales.

Vínculo con la ayuda gubernamental a Air Europa

Otra línea de la investigación se centra en las ayudas concedidas a Air Europa durante el rescate de la compañía en 2020. El juez Peinado ha solicitado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, que aporte documentación relacionada con los fondos otorgados a la aerolínea. El magistrado ha encargado a la Guardia Civil que elabore un informe con la información proporcionada por la SEPI, buscando establecer si existió alguna irregularidad en la concesión de estas ayudas.

Cabe destacar que la defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso para impugnar la solicitud del juez respecto a las ayudas a Air Europa, argumentando que "no constituye objeto del presente procedimiento". Según los abogados de Gómez, el caso de la cátedra en la Complutense no tiene ninguna relación directa con el rescate de la aerolínea, por lo que esta información no debería formar parte de la investigación actual.

Próximas actuaciones judiciales y testigos clave

El juez Peinado también ha tomado la decisión de llamar a declarar como testigo a la directora de recursos humanos del Instituto de Empresa, una institución en la que Begoña Gómez desempeñó un cargo relevante como directora del África Center. La citación está prevista para el próximo 16 de octubre, fecha en la que la testigo deberá comparecer ante el tribunal para aportar información sobre la relación laboral de Gómez con dicha institución.

Antes de esa fecha, el próximo 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid tiene programado resolver los recursos presentados tanto por la defensa de Gómez como por la Fiscalía. En dichos recursos, las partes han solicitado que se archive o limite el alcance de la investigación del juez Peinado, cuestionando la pertinencia de algunas de las diligencias ordenadas hasta el momento.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) está pendiente de decidir si admite a trámite las querellas por prevaricación interpuestas por el abogado de Begoña Gómez y la Abogacía del Estado, que actúa en representación del presidente Pedro Sánchez. Estas querellas acusan al juez Peinado de actuar de manera irregular en su investigación, y de extralimitarse en sus competencias al incluir aspectos que, según la defensa, no están directamente relacionados con la cátedra ni con los hechos investigados.

El trasfondo político del caso

Este caso ha adquirido una dimensión política significativa, dado que Begoña Gómez es una figura cercana al presidente del Gobierno, y su implicación en una investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha provocado reacciones dentro y fuera del ámbito político. La oposición ha aprovechado la situación para criticar la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, cuestionando la relación entre el sector público y privado en casos de presunto favoritismo o nepotismo.

En el contexto de una creciente presión política, el papel del juez Juan Carlos Peinado ha sido clave para profundizar en las posibles irregularidades relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez. Sin embargo, la defensa ha sostenido que el caso carece de base sólida y que las acusaciones están siendo politizadas con fines electorales.

A medida que avanza la investigación, queda por ver si el juez Peinado logrará avanzar en sus diligencias o si las decisiones judiciales que se tomarán en las próximas semanas limitarán o archivarían el procedimiento. Lo cierto es que la posible implicación de una figura tan relevante en el ámbito académico y empresarial como Begoña Gómez, y su relación con el presidente del Gobierno, añade un componente de alta relevancia a este caso, que seguirá estando en el foco de la opinión pública y mediática.