El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJCa) ha emitido este viernes una resolución mediante la cual suspende de manera provisional el nuevo protocolo de atención a menores migrantes no acompañados implementado por el Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo. Esta medida responde a una solicitud de la Fiscalía, que previamente había interpuesto un recurso por considerar que dicho protocolo podría vulnerar derechos fundamentales de los menores extranjeros, como el principio de igualdad y la integridad moral.

La decisión del tribunal ha sido tomada de manera cautelarísima, lo que implica que se ha adoptado sin haber escuchado a todas las partes involucradas, debido a las "circunstancias de especial urgencia". El auto del TSJCa destaca que la medida se toma sin entrar en el fondo de la cuestión, es decir, sin determinar aún si el protocolo es o no conforme a derecho.

El protocolo suspendido fue diseñado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de Canarias, y había entrado en vigor tras ser publicado en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 12 de septiembre. Este establece una serie de pasos a seguir por las fuerzas de seguridad antes de transferir la custodia de los menores al sistema de acogida regional, lo que incluiría la entrega de una reseña policial completa, la inscripción en el registro de menores migrantes no acompañados (RMENA), y la realización de una audiencia previa para evaluar la posibilidad de solicitar refugio o asilo.

El Gobierno de Clavijo ha argumentado que la nueva normativa es necesaria debido al aumento significativo en la llegada de menores no acompañados a Canarias, lo que ha saturado los centros de acogida. Sin embargo, la oposición y la Fiscalía sostienen que este protocolo impone trámites adicionales que podrían ralentizar el acceso de los menores a los servicios de protección y acogida. La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha dado instrucciones claras a los fiscales de las islas sobre cómo deben proceder si las autoridades regionales se niegan a acoger a menores que hayan sido identificados conforme al protocolo nacional vigente desde 2014. En caso de que esto ocurra, ha advertido que la Fiscalía investigará la posible comisión de delitos como abandono de menores.

El TSJCa ha otorgado un plazo de tres días al Gobierno de Canarias para que presente alegaciones sobre esta medida, de cara a una posible decisión final. El tribunal también subraya que, en su análisis preliminar, no se ha incluido en el protocolo una disposición que establezca claramente el momento de entrada en vigor de las nuevas medidas, lo que puede haber generado confusión sobre su aplicabilidad inmediata.