Desde el Tribunal Supremo hasta el más remoto de los juzgados de instrucción catalanes, pasando por la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), todos estos organismos tendrán la posibilidad de interpretar y decidir cómo afecta la Ley de Amnistía a los procedimientos abiertos contra el procés de 2017 una vez que la norma entre en vigor.

El texto pactado entre Pedro Sánchez y los separatistas de Junts y ERC ha entrado en la fase final de su tramitación y se prevé que será aprobado esta misma semana en el Congreso, salvo sorpresas de última hora, el próximo 30 de mayo. Sin embargo, y según publica El Debate, el principal destinatario de la ley, el ex presidente de la Generalitat y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, no podrá beneficiarse de ella ni regresar a España con la certeza de que no será detenido inmediatamente. Las dudas sobre la adecuación de la norma al Derecho Comunitario de la Unión Europea y a la Constitución española dilatarán la aplicación de la amnistía en los procedimientos relacionados. A pesar de las diversas enmiendas incorporadas durante su tramitación, según expertos, no se han eliminado los evidentes "vicios de inconstitucionalidad y de contrariedad de la normativa europea sobre salvaguarda del Estado de Derecho, contra la malversación de caudales y contra el terrorismo".

"Las agresiones a la separación de poderes, a la seguridad jurídica, y, sobre todo, al principio de igualdad ante la Ley, resultan manifiestas", afirman de manera casi unánime los juristas que han analizado la ley. Pese a que se presenta como una Ley, en realidad se trata de "un acto singular de excepción, fruto de un pacto político, una devolución de favores entre miembros de la clase política, clase que a partir de ahora podrá afirmarse disfruta de privilegios exorbitantes ajenos al común de los ciudadanos", aseguran los jueces, magistrados, catedráticos y expertos que conforman la Plataforma para la Independencia Judicial.

Las estimaciones del Gobierno indican que cerca de 400 personas podrán beneficiarse del borrado penal de sus delitos vinculados con el referéndum inconstitucional del 1-O. Junts eleva esta cifra a 1.000, incluyendo a todos aquellos sancionados en las diferentes protestas relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana, quienes podrían recuperar las multas ya pagadas. Cada órgano judicial, administrativo o contable será competente para definir las medidas a adoptar en aplicación de la ley, en cualquier fase del procedimiento afectado.

Así las cosas, la amnistía acordada por el PSOE con Junts, pensada para Puigdemont a cambio de los siete votos de los diputados de su partido para la investidura de Sánchez, establece que los jueces deberán decretar la libertad inmediata para aquellos que, una vez publicada la norma en el BOE, sigan en prisión; además, deberán eliminar cualquier medida provisional en vigor. Esta disposición está diseñada para dejar sin efecto las órdenes de búsqueda y captura nacionales, como la que afecta al líder de Junts, y las órdenes de detención europeas vigentes para los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig, así como las extradiciones internacionales.

La ley contempla la desaparición de cualquier medida cautelar activa, incluso cuando cada uno de los procedimientos judiciales pendientes quede suspendido por cualquier motivo, como una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español. Sin embargo, la compatibilidad de estas medidas con la prohibición de la aplicación vertical inversa de las Directivas y el respeto al principio de seguridad jurídica complicarán las previsiones iniciales del legislador español. La Comisión de Venecia ya dictaminó que no se puede obligar a los jueces a levantar las medidas cautelares antes de decidir sobre la amnistía, y que las cuestiones prejudiciales suspenden dicha decisión.

"Es el juez el que ha de levantar las medidas y, por tanto, si plantea antes de hacerlo una cuestión sobre ese mismo artículo 4, no las levantará", auguran los expertos. La Comisión de Venecia dijo "en su informe que no se puede obligar al juez a levantar las medidas cautelares" antes de decidir sobre la amnistía y que "precisamente las cuestiones prejudiciales suspenden dicha decisión". El Gobierno es consciente de ello. ¿De qué sirve, entonces, aprobar la Ley de Amnistía si no va a tener efecto?