Las declaraciones de varios miembros del Gobierno español en relación con la aplicación de la Ley de Amnistía han suscitado una respuesta crítica desde el ámbito judicial. Asociaciones como el Foro Judicial Independiente y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria han manifestado su preocupación ante lo que consideran un ataque a la independencia de los tribunales.

Recientemente, Óscar Puente, ministro de Transportes, expresó su desacuerdo con el Tribunal Supremo (TS), acusándolo de "extralimitarse" en la interpretación de la ley al no aplicar la amnistía al delito de malversación vinculado al 'procés'. En sus palabras, el TS habría determinado malversación porque los independentistas "se ahorraron el dinero" que habría costado la campaña independentista y el referéndum ilegal. A estas declaraciones se sumaron las del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien criticó la interpretación jurídica del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. "La posición del Gobierno con esa resolución del Tribunal Supremo inaplicando la Ley de Amnistía es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos, también con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo", declaró Bolaños.

Ante estas declaraciones, Fernando Portillo, portavoz del Foro Judicial Independiente, recordó que "la función de aplicar la ley corresponde a los tribunales". Portillo subrayó la importancia de la separación de poderes en un Estado de Derecho y lamentó que algunos miembros del Ejecutivo ignoren que "la amnistía es una ley, no un acto político". Enfatizó que aunque la ley de amnistía tenga consecuencias políticas, su interpretación y aplicación recaen exclusivamente en los juzgados y tribunales, "si queremos seguir llamándonos estado democrático de derecho". "Gracias a la separación de poderes, la aplicación de las leyes no les corresponde al Ejecutivo, sino a los tribunales y, en última instancia, al Tribunal Supremo", sentenció.

Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, también se pronunció en contra de la actitud del Gobierno, señalando que "agradeceríamos que se abstuviesen de generar la duda sobre la imparcialidad y la independencia de los jueces que han aplicado la ley de una forma que no les conviene a los partidos independentistas". Según Oliva, en lugar de respetar la decisión judicial, algunos miembros del Gobierno prefieren etiquetar estas decisiones como "prevaricadoras", una postura que, en su opinión, no tiene un recorrido positivo según la ley actual.

Oliva también explicó que el texto de la amnistía, tal como está redactado, deja espacio para "varias interpretaciones de la norma". Aseguró que "nosotros ya avisamos que el texto no cumplía con el principio de trazabilidad penal y que podía provocar que existiesen varias interpretaciones, todas ellas potencialmente válidas".

Por otro lado, desde la asociación de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), se subrayó que, aunque las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica, es fundamental que dicha crítica no descalifique al tribunal que las dicta. Esta asociación también recordó la intención del Gobierno de recurrir el dictamen del TS, al entender que "el propio tribunal está dividido sobre la argumentación de lo que debe interpretarse por malversación" y que otros tribunales ya han amnistiado este tipo de delitos.

Finalmente, Oliva consideró que las declaraciones de Puente, al intentar anticipar un futuro dictamen del pleno del Tribunal Constitucional, perjudican a los magistrados que forman el órgano. "Con las declaraciones del ministro Puente no se respetan las instituciones, ni al propio Constitucional. Al anticiparse a un pronunciamiento, perjudica a los propios magistrados. Genera la duda de que el TC sigue el mandato del Gobierno", afirmó.