El Tribunal Constitucional (TC) comenzará esta semana a estudiar si anula la condena de nueve años de inhabilitación que se impuso a Magdalena Álvarez, exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, por un delito de prevaricación en el denominado 'caso ERE'.

Fuentes jurídicas informan a Europa Press que los magistrados discutirán la ponencia de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, que sugiere aceptar el recurso de Álvarez y anular su condena.

Esta postura de Montalbán está en línea con la opinión de la Fiscalía, la cual comunicó a principios de año que la posible revisión de las penas en el caso de los ERE debía limitarse al delito de prevaricación relacionado con la "elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos" de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.

Para la Fiscalía, tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo llevaron a cabo una interpretación excesiva del delito de prevaricación en este caso, ya que se trataba del ejercicio de la iniciativa legislativa.

Las fuentes consultadas especifican que el tema constitucional central en la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos, posteriormente convertido en ley, podría haber sido juzgada por un juez penal y considerada como un acto administrativo injusto.

Estas fuentes destacan que uno de los puntos clave del debate será si el juez en cuestión debió haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC en caso de tener dudas sobre la legalidad de la ley, en lugar de declarar ilegal la norma.

El Tribunal Constitucional abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al considerar que tiene una especial trascendencia constitucional, ya que plantea "un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales", según una nota informativa del tribunal.