Tras tres días de registros en dependencias municipales, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y exministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hablado por primera vez sobre la operación Valka, una investigación contra la corrupción que afecta directamente a su ayuntamiento. La Guardia Civil ha llevado a cabo una serie de intervenciones en diversas oficinas municipales desde el lunes, en un contexto de creciente tensión política.

En sus primeras declaraciones, Darias ha prometido la "máxima colaboración con la Justicia", mientras el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas investiga una serie de presuntos delitos graves, incluyendo prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad documental y revelación de información privilegiada. Estas acusaciones se dirigen a cinco personas dentro del marco de la operación Valka.

Además, la alcaldesa ha solicitado respeto hacia la presunción de inocencia, criticando al Partido Popular por realizar afirmaciones que, según ella, son "precipitadas y carentes de prudencia". Darias señaló que el Ayuntamiento sólo puede ofrecer información limitada, ya que muchos detalles de la investigación permanecen bajo secreto de sumario.

El lunes, cuando los primeros registros se realizaron en la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA) y en la Concejalía de Parques y Jardines, el Consistorio guardó silencio, y la alcaldesa continuó con su agenda habitual. Sin embargo, la presión mediática obligó al Ayuntamiento a emitir un comunicado el martes por la tarde, y finalmente, este miércoles, Darias se pronunció públicamente.

Por su parte, el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, respaldó la necesidad de respetar la presunción de inocencia, aunque admitió su preocupación por el impacto que este caso podría tener en la gestión de fondos europeos en la región.

Ampliación de la operación Valka

Este lunes, la Guardia Civil reactivó la operación Valka, centrada en investigar la corrupción política y urbanística en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La investigación, bajo la dirección del magistrado Rafael Passaro Cabrera, del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, y con el apoyo de las Fiscalías Delegadas de Medio Ambiente y Criminalidad Organizada, ha implicado seis registros simultáneos en diversas ubicaciones clave.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucompa) y el Grupo de Delitos Tecnológicos (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial llevaron a cabo las inspecciones en la sede de GEURSA, el departamento de informática del Ayuntamiento, las instalaciones de Parques y Jardines, y varias viviendas en Tamaraceite y Arrieta (Lanzarote). Estos registros forman parte de un esfuerzo para reunir pruebas documentales y tecnológicas relacionadas con las acusaciones.

La Fiscalía de Las Palmas ha informado que la investigación se centra en una presunta trama organizada dedicada a favorecer ilícitamente a determinados empresarios, utilizando decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general. Este entramado podría estar vinculado a la adjudicación fraudulenta de contratos y grandes proyectos, como el de MetroGuagua.

Entre los cinco investigados, se encuentran altos funcionarios y empresarios, aunque por el momento no hay detenidos. Se incluyen nombres como Marina Más y Carlos Cabrera de GEURSA, José Manuel Setién, excoordinador de Urbanismo, Miguel Ángel Padrón, exdirectivo de Parques y Jardines, y el empresario Felipe Guerra. No se descartan futuras detenciones o imputaciones a medida que avance la investigación.

Los registros, que comenzaron en las primeras horas de la mañana del lunes, incluyeron la incautación de equipos informáticos y otros soportes de información considerados vitales para la investigación. La presencia de los agentes generó tensión en las oficinas municipales, especialmente en la segunda planta donde se encuentra el servicio de informática.

Este reciente episodio marca el segundo registro de la Guardia Civil en GEURSA en poco más de un año, después de las investigaciones de junio y diciembre de 2023 relacionadas con permutas de suelo en Tamaraceite. Aunque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha declinado hacer declaraciones oficiales sobre esta nueva intervención, el desarrollo de la operación Valka sigue generando expectación y nerviosismo en la administración local y entre la ciudadanía.