El 3 de junio, un titular a cuatro columnas destacaba con contundencia en la portada de un medio de comunicación: "La amnistía es inaplicable". La frase, pronunciada por Alberto Núñez Feijóo, se refería a los principales dirigentes del procés en su primera entrevista tras la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía. Un mes después, el Tribunal Supremo ha declarado no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos atribuido a Carles Puigdemont y a los exconsellers Antonio Comín y Lluis Puig, manteniendo la orden de detención contra el ex president de Cataluña.

Esta decisión ha dado la razón al presidente del PP y a su número dos, Cuca Gamarra, quienes han comentado la decisión del Alto Tribunal como un paso en la dirección que ellos habían señalado sobre la amnistía, calificándola desde el primer día de "incompatible" con los ordenamientos jurídicos español y europeo. "Sólo han tenido mayoría para aprobar una ley y, por lo que se ve, ni siquiera han sabido hacerla", criticó Feijóo en un acto educativo del PP en Salamanca, donde presentó una Ebau común para todas las comunidades gobernadas por el PP. La amnistía era, según él, "una letra de la hipoteca" de Pedro Sánchez para "pagar" su investidura como presidente del Gobierno.

La Ley de Amnistía fue enmendada en el Congreso de los Diputados para evitar cualquier resquicio legal que impidiese borrar los delitos de Puigdemont y otros líderes del procés. Sin embargo, el delito de malversación no fue perdonado cuando no existía enriquecimiento personal o "beneficio patrimonial". El juez instructor, Pablo Llarena, y el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, concluyeron en enero y febrero de 2023 que sí había existido un "beneficio particular". "Se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular", afirmaban.

El PP, consciente de esta situación, mantuvo su postura crítica. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirmó que "del mismo modo que desde el primer momento dijimos que la Ley de Amnistía es inconstitucional, aparte de inmoral, también dijimos muy claro que era de muy difícil aplicación, y eso es lo que está sucediendo".

Gamarra defendió que "lo que estamos viendo es el normal funcionamiento de un Estado de Derecho en un país que es una democracia como España". Añadió que "los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurídico español y conforme al ordenamiento jurídico europeo, no en base a los intereses y a las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para garantizar su Gobierno y poder cumplir sus compromisos con los independentistas".

La número dos de Feijóo afirmó que la única consecuencia de la decisión del Supremo es "la demostración de que en España el Estado de Derecho es más fuerte que cualquier Gobierno y que nadie puede pervertir o intentar controlar al Estado y los instrumentos del Estado en beneficio propio". Añadió que "las instituciones del Estado funcionan por encima de un mal Gobierno".

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, criticó directamente a Pedro Sánchez: "Sánchez ha engañado a todos, también a sus socios. La Justicia le ha quitado la careta otra vez. El Estado de Derecho no cambia de opinión. No negocia. No se compra. Y no se vende", afirmó en X.

En Salamanca, Feijóo contrapuso los "privilegios" que, según él, Sánchez otorga a Cataluña frente a "los intereses de todos". Dijo que "fomentar el agravio es condenar el sistema" y destacó que el PP es "el único partido que no confronta la idea de autonomía con la de igualdad".

EL PSOE ha manifestado su desacuerdo con los argumentos del Tribunal Supremo para no aplicar la amnistía a los delitos de malversación en el procés, acusando al tribunal de hacer consideraciones políticas "sorprendentes e innecesarias". Fuentes socialistas señalaron que "no entraremos a valorar las consideraciones políticas que ha hecho el TS, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas".

Por su parte, Sumar no teme por la legislatura. Su portavoz, Ernest Urtasun, hizo un llamamiento a los jueces para que "respeten la voluntad del legislador" y apliquen la amnistía en su "totalidad". Urtasun, también ministro de Cultura, señaló en rueda de prensa que sabían "desde el primer momento" que la amnistía "iba a encontrar obstáculos" pero enfatizó que los tribunales tienen que "respetar la voluntad del legislador" como considera que sí hace el criterio fijado por la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

Pese al contratiempo que pudiera ocasionar este revés a Puigdemont en la relación del Gobierno de coalición con Junts, cuyos siete votos necesita para sacar adelante los Presupuestos y otras leyes, Urtasun rechazó que la decisión del Supremo "vaya a suponer ninguna desestabilización de la legislatura". Insistió en que la amnistía debe ser "completa" y "en los términos en los que se votó", destacando que la estrategia del PP de "acoso y derribo" ha "fracasado".