El 9 de noviembre del año pasado, se cerró un pacto entre el PSOE y Junts mediante el cual los de Carles Puigdemont facilitaban la investidura de Pedro Sánchez. La medida estrella del acuerdo era la concesión de una amnistía general a todos los condenados, investigados y huidos de la justicia relacionados con los delitos cometidos alrededor del intento de separación unilateral de Cataluña en 2017.

La amnistía dejó en segundo plano otros aspectos igualmente llamativos del acuerdo, como que el desarrollo de los pactos entre ambos partidos se negociaría en Ginebra, Suiza, para facilitar así la asistencia a las reuniones de Carles Puigdemont, prófugo de la justicia. Además, a las reuniones asistiría un mediador internacional, Francisco Galindo Vélez, de nacionalidad salvadoreña y experto en solución de conflictos armados.

Desde entonces, se han mantenido diversas reuniones, todas ellas sin convocatoria pública ni exposición de resultados. Sin embargo, tanto Junts como el PSOE disponen de las actas de las reuniones levantadas por el mediador internacional. Uno de los puntos del acuerdo entre ambas partes es la financiación autonómica. El pacto entre Sánchez y Puigdemont incluye un apartado específico sobre la reivindicación de Junts de modificar la ley de financiación de comunidades autónomas para permitir la cesión del 100% de los tributos a Cataluña. Si bien el PSOE manifestó discrepancia sobre este punto, el documento firmado en su última cláusula deja claro que la estabilidad de la legislatura depende del desarrollo del acuerdo y de los avances conseguidos en la negociación en Ginebra.

En este contexto, en Junts ha sentado muy mal que ERC haga bandera del tema de la financiación como condición sine qua non para facilitar la investidura de Illa. Aún ha sentado peor que los socialistas se avengan ahora a negociar en público este punto cuando hasta ahora habían sido reticentes a la posibilidad de conceder un concierto fiscal para Cataluña al modelo vasco.

En los ocho meses que han transcurrido desde la firma del acuerdo, se han celebrado diversas reuniones en Suiza, y el tema de la financiación ha estado sobre la mesa. Junts y los socialistas han confrontado modelos: el de Junts es la cesión integral de la gestión tributaria a la Agencia Tributaria Catalana y el del PSOE, el desarrollo del consorcio tributario que prevé el estatuto de autonomía catalán. El PSOE alega que la petición de Junts implica una reforma estatutaria, mientras que los de Puigdemont creen que hay posibilidad de llevar a cabo la cesión vía un convenio específico.

Puigdemont no quiere que ERC sea percibida como una fuerza con capacidad de arrancar concesiones al PSOE. En Junts creen que el electorado independentista ha premiado su capacidad de arrancar concesiones a Sánchez frente a la docilidad de Junqueras y Aragonés, y que dicha fortaleza ha sido la clave de su victoria frente a ERC en las elecciones de mayo.

Para evitar que ERC se beneficie del trabajo realizado por Junts en Ginebra, el equipo de Puigdemont se plantea hacer públicas las actas de las reuniones, que pondrían de manifiesto que el PSOE ha estado negociando un modelo de financiación en el extranjero, con un partido como Junts, que no está en ningún gobierno regional, y con un modelo que, de llevarse a cabo, comprometería a todas las comunidades autónomas y la viabilidad financiera del estado.

La publicidad de las actas dejaría en una posición comprometida a Sánchez, dado que sus socios de investidura no tienen información alguna de estas conversaciones y podría llevar a la ruptura de las negociaciones entre ERC y el PSOE de cara a la investidura de Illa.

Albert Batet, líder de Junts en el Parlament, insistió esta semana desde la tribuna parlamentaria que la elección de Puigdemont como presidente es tan viable como la de Collboni como alcalde o la de Sánchez como presidente, dado que ninguno de los tres resultó ganador de las elecciones. Batet cree que el tiempo juega a su favor y que el primer paso es romper la negociación entre ERC y el PSC. La filtración de las actas de las reuniones en Suiza sería, efectivamente, un descabello para la incipiente negociación.